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La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/jul/2014.

Tiempo de explicaciones
Por Sergio D. Roses, Concejal Frente Renovador




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A raíz de los hechos de corrupción que salpican a la gestión municipal, consideramos que es fundamental que el Ejecutivo local disponga de todas las medidas necesarias para asegurarse que: 1) Se esclarezca lo sucedido, 2) se brinde a la comunidad la tranquilidad de que se trata de hechos aislados.

Es mucho lo que necesitamos aclarar. El Ejecutivo local hizo una presentación en la Justicia cuando se encontró entre la espada y la pared, gracias a la denuncia de un contribuyente damnificado.Si ello no hubiera existido no sabemos si el hecho hubiera tenido la trascendencia pública que esta teniendo.

En la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante del jueves pasado, con los votos del oficialismo, se abortó la posibilidad de crear una Comisión Investigadora plural, en el marco de una institución (el Concejo Deliberante) donde están los representantes elegidos por los vecinos. Este pedido fue impulsado junto a otros bloques en el marco de la responsabilidad de todos y cada uno de los Concejales de controlar al Poder Ejecutivo municipal.

Si se hubiera creado la citada Comisión, la misma hubiera estado integrada por todos los concejales, inclusive los del oficialismo. Lamentablemente, se le negó a Campana la posibilidad de despejar cualquier duda que ponga en tela de juicio la probidad de funcionarios de esta gestión, además de dar tranquilidad a una gran mayoría de empleados municipales honestos que ven resentido su clima de trabajo por estas irregularidades.

En primer lugar, los hechos mencionados ponen en dudala eficacia, e inclusive, la existencia de aceptables controles internos dentro de la Municipalidad de Campana,por esto creemos imperioso se proceda a dilucidar no solo las irregularidades y los hechos delictivos acaecidos (lo que implica llegar hasta las ultimas consecuencias en la investigación, y hasta el ultimo de los responsables) sino también el contexto en el que los mismos han sido facilitados.

Cuando nos referimos al contexto, incluimos la necesidad de determinar tanto la posibilidad de que el desvío de fondos públicos sea o no una practica extendida, en esta u otras áreas del Municipio, como asimismo lograr claridad respecto de si cabe asignar (y a quien) responsabilidad política o simplemente negligencia.

La ciudadanía deposita en los funcionarios su confianza para administrar recursos que son propiedad del pueblo. Esa confianza es parte del contrato esencial que funda la razón de ser de los Estados modernos (nacionales, provinciales y locales).

Sin esa confianza no hay legitimidad.

Cuando esa confianza se daña se afecta el principio de autoridad que rige el sostén político de una gestión.

Por este último motivo, es responsabilidad política de esta gestión el proveer de los recursos necesarios para asegurar que se investigue hasta el final y para garantizar que no vuelva a suceder.

La reacción del Ejecutivo hasta la fecha es preocupante. Si cuando se piden herramientas para investigar la respuesta es un contraataque (como el efectuado contra la gestión radical de ¡¡20 años atrás!!), la presunción es que hay algo que ocultar. Si el Ejecutivo procura así politizar el tema, entonces se olvida de que no es dueño de los recursos que administra. Se olvidan que siempre tienen que dar explicaciones. Porque no son los dueños del Estado y sus recursos.

Esa es la misma concepción que provoco que en este país pueda existir el caso Boudou/Ciccone. Como en ese caso, es alarmante la defensa a libro cerrado de los legisladores Kirchneristas, obstaculizando siempre la investigación.

En este ultimo sentido, es imperioso recordar que el problema no se limita a la Justicia y lo que ella puede determinar en el caso puntual de un contribuyente.

Aquí esta en cuestión la eficacia de los controles internos y la seguridad de los sistemas informáticos que se emplean en la gestión financiera local.

Un sistema de control interno es eficiente cuando previene la ocurrencia de ilícitos (vía definición de los puestos, control por oposición de intereses, auditorias preventivas para detectar y corregir deficiencias de control, entre otras), como asimismo cuando permite detectar a tiempo las fallas que pueden dar lugar a irregularidades o simplemente ineficiencias, para de ese modo reformular los procesos administrativos a fin de regenerar ese ambiente de prevención.

Es importante además, señalar que todo esto ocurre en un determinado contexto.

Y ese contexto es uno donde los actos de gobierno no son transparentes, la información pública se provee a regañadientes (ej. RAFAM) y en definitiva la Transparencia no figura en la agenda de gestión (Transparencia entendida como una serie de herramientas de gestión que permiten proveer información publica y mitigar de esa forma las posibilidades de actos de corrupción).

El pedir una investigación no constituye un ataque a un gobierno sino que es una responsabilidad hacia la ciudadanía, que tenemos tanto el Ejecutivo como el Concejo Deliberante.Es deber de todos asegurar que se investigue hasta el final. Como representantes del pueblo de Campana en el Concejo Deliberante estamos comprometidos con que esto no quede en el olvido, mientras que, en paralelo, apoyamos fervientemente las propuestas legislativas que, a nivel nacional, que procuran declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.



 

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Por Sergio D. Roses, Concejal Frente Renovador
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