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La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/jul/2014.

Discapacidad. Protección legal para pacientes diabéticos
Por Dra. Silvina Cotignola




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Amigos… he decidido abocarme a los portadores de una importante y frecuente patología, que si bien cuentan con normativa especifica desde hace largo tiempo, hoy día siguen padeciendo inconvenientes a la hora de obtener cobertura total de sus terapéuticas.

Hay que tener en claro que los derechos, garantizados por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes, para que verdaderamente sean efectivos, desde la óptica del ciudadano, deben ser conocidos. Aun no existe un plan de educación legal popular, y los mecanismos de protección existentes no son utilizados por falta o distorsión en la información, tanto en los destinatarios como en los propios abogados. Obviamente, este fenómeno también es aplicable a los pacientes con diabetes, ello significa que el destinatario de la norma o bien no la conoce o tiene un conocimiento parcial o equívoco de la misma. Por eso, pretendo echar un poco de luz a la presente situación.

¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica del metabolismo. La misma obedece a la falta total o parcial de la hormona llamada "insulina", secretada por los islotes de langerhans en el páncreas. Su déficit produce la no absorción por parte de las células de la glucosa, provocando una menor síntesis de depósitos energéticos en las células y la elevación de la glucosa en la sangre (hiperglucemia). ¿Cuál sería la etiología de esta enfermedad? Hasta el día de hoy no se puede precisar con exactitud. Sí se sabe que intervienen muchos factores, como por ejemplo: factores hereditarios, hábitos alimentarios, alteraciones pancreáticas, como inflamaciones o intervenciones quirúrgicas, procesos infecciosos, autoinmunes, estrés, obesidad. Es importante saber que existen dos tipos de diabetes: 1- diabetes tipo I o juvenil: aparece en edades tempranas normalmente, pero su aparición se puede dar hasta los 30 años. El páncreas deja de producir totalmente la insulina. Su aparición es súbita. 2- Diabetes tipo II o del adulto: aparece a partir de los 40 años. La producción de insulina del páncreas puede ser incluso mayor de lo normal, y el organismo desarrolla resistencia a ella. La padecen el 15% de los mayores de 70 años.

Desde el año 1989 nuestro país cuenta con un régimen de protección legal, pues se sanciona la ley 23.753 por la cual el Ministerio de Salud y Acción Social, a través de las áreas pertinentes, dispone las medidas necesarias para la divulgación de la problemática derivada de la enfermedad diabética, como respecto de sus complicaciones, de acuerdo a los conocimientos científicamente aceptados, con el fin de favorecer la detección precoz y su adecuado control mediante tratamientos oportunos. Para ello, dicho organismo llevará un control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país, debiendo abocarse específicamente a la producción, provisión y dispensación de los medios terapéuticos y de control evolutivo para asegurar su cobertura para todos los pacientes.

Un punto muy relevante que establece esta norma es el vinculado al ámbito laboral, por cuanto consigna que la diabetes no será causal de impedimento para el ingreso o conservación del puesto de trabajo, ya sea en el ámbito público como privado. En tal caso, estará a cargo del Ministerio de Salud Nacional, la constitución de juntas médicas especializadas para la determinación de las circunstancias de incapacidad especificas que pudieren surgir para el ingreso laboral, así como también para determinar incapacidades parciales o totales, como transitorias o definitivas que encuadren al trabajador en las leyes previsionales vigentes. Debe destacarse que en toda controversia judicial y/o administrativa, en la cual el carácter de diabético sea invocado por un eventual empleador, ya sea para negar, modificar o extinguir derechos de aquel, será imprescindible el previo dictamen del área respectiva del Ministerio de Salud, a través de las juntas médicas antes mencionadas.

¿Cómo se financia el aprovisionamiento de los medicamentos e insumos requeridos? En principio por las vías habituales de la seguridad social, como así también por los sistemas de medicina privada, para cubrir las necesidades tanto de sus afiliados como adherentes. En tanto que para aquellos pacientes carentes de recursos y de cobertura médico social, el mismo estará a cargo del área estatal competente de las diferentes jurisdicciones. El decreto reglamentario de la ley estipula que el Ministerio de Salud y Acción Social exhortará a las provincias a brindar cobertura del 100% de la demanda en el caso de la insulina, así como los elementos necesarios para su aplicación, y una cobertura progresivamente creciente, nunca inferior al 70%, para el resto de los insumos.

Este protector espíritu se contradice palmariamente con el procedimiento lento, burocrático e intrincado establecido por la Resolución 301/99, por la cual se creó el Programa Nacional de Diabetes, para el suministro de medicamentos. Para acceder a tal cobertura la persona afectada deberá acreditar residencia en territorio argentino, tomando para ello el domicilio inserto en su documento de identidad, como así también carecer de cobertura médico social y de recursos propios y/o familiares para solventar tales gastos. Ello según declaración jurada, que tendrá validez por un año, aprobada por el Servicio de Asistencia Social de la institución de que se trate. El paciente deberá iniciar la gestión de aprovisionamiento en el establecimiento o servicio asistencial estatal en el que se encuentra registrado y concurre para su control y tratamiento. La prescripción de la medicación y demás insumos tendrá que realizarse en recetarios de profesionales médicos de los servicios de diabetes, endocrinología, nutrición, medicina interna, pediatría y de atención primaria de la salud de establecimientos del área estatal, o eventualmente, reconocidos oficialmente por la misma. En dichos recetarios el profesional médico deberá completar los datos filiatorios y clínicos básicos, y prescribir la cantidad de medicamentos e insumos que se requieran para un trimestre de tratamiento. Con la documentación antedicha, el establecimiento solicitará, a través de la dependencia que corresponda, la cantidad necesaria de medicamentos e insumos para un período de tres meses de tratamiento. Ahora bien, este beneficio puede ser cancelado si concurre alguna de estas circunstancias: renuncia del titular del beneficio; radicación del beneficiario fuera del país; cese de la condición socioeconómica informada; abandono del control médico periódico regular en establecimiento donde esté registrado: incompatibilidad con otros beneficios.

Para el supuesto que la persona diabética no obtuviese por la vía administrativa tal provisión de medicación y demás dispositivos para la atención de su patología, por parte de quienes estén realmente obligados a su cobertura, tendrá a su alcance la instancia judicial, valiéndose para ello de una herramienta celera y efectiva como lo es la acción de amparo.

Deviene indispensable aclarar que una persona con diabetes nunca es considerada persona con discapacidad por el mero hecho de ser diagnosticada como tal. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran con serias dificultades para una total integración social y por ende una óptima realización personal. No obstante ello, no podrán solicitar ni tramitar el certificado único de discapacidad, que como es sabido otorga ciertos beneficios a quienes son sus titulares, salvo cuando existan complicaciones fehacientes, demostradas por estudios y certificadas por cada uno de los especialistas, sea que se trate de una polineuroartopía diabética, insuficiencia renal, problemática visual consecuencia de la misma afección, amputaciones, etc.

Amigos… no me quedan dudas que tanto la garantía de provisión de medios terapéuticos como de control evolutivo ha sido contemplada para toda la población de pacientes diabéticos, sea cual fuere su caudal económico. En consecuencia, la reglamentación dictada (decreto 1.271/98 y resolución ministerial 301/99) en modo alguno puede contradecir ni mucho menos limitar las prescripciones contenidas en la normativa de rango constitucional superior, es decir la ley 23.753. Es mi genuino deseo que la presente información sea de utilidad para los pacientes con diabetes y puedan así ver no sólo resguardados sus derechos por normas legales protectoras, sino en los hechos encontrarse protegidos por las entidades obligadas a ello. En síntesis, tomar conciencia de la realidad, conocer los alcances y riesgos de una determinada patología, nos favorecerá indudablemente para evitar eventos discriminatorios basados fundamentalmente en la falta de información. Por ello, sigo insistiendo en que "EJERCER UN DERECHO NO CONSTITUYE UN MERO PRIVILEGIO" sino una obligación. ¡Feliz día del amigo para todos!

Dra. Silvina Cotignola,

abogada especializada en discapacidad y familia. smlcoti@ciudad.com.ar



 

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