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Detuvieron a represores del Área 400, pero se negaron a declarar




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Cuatro de ellos fueron apresados la semana pasada y el restante cumplía prisión domiciliaria. A los cinco se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana. "Eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas", dijo el fiscal.

Cinco represores fueron indagados en el Juzgado Federal de San Martín por la megacausa de Campo de Mayo. Cuatro de ellos habían sido detenidos entre el domingo y lunes, y el restante cumplía prisión domiciliaria y fue llevado al Tribunal. Todos, sin embargo, se ampararon en el silencio. "Son de la plana mayor de la zona de Zárate Campana, y se los indagó por casi 30 casos. Pero se negaron a declarar", dijo el fiscal Hugo Bogetti a Infojus Noticias, que reveló la información.

Los represores detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria son: Alfredo Oscar Arena, Ramón Vito Cabrera, Federico Ramírez Mitchel y Pacífico Luis Britos.

Mientras que Pascual Muñoz ya estaba con prisión domiciliaria y fue conducido por la fuerza para declarar en el juzgado.

Se los interrogó por su accionar como responsables de la plana mayor de Zárate-Campana, que fue parte del área 400 correspondiente a la zona 4 de Campo de Mayo.

Pascual Muñoz fue intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982. Está imputado por 47 casos de lesa humanidad. En Campo de Mayo, se lo acusa por participar de por los crímenes ocurridos en la frustrada operación de la Contraofensiva Montonera en los años 1979 y 1980.

Según la fiscalía, los detenidos (que son parte del Ejército y de la Marina) cumplieron roles de responsabilidad en las áreas de Personal, Logística e Inteligencia, pero no fueron parte de los grupos de tareas.

"Una primera investigación los sitúa en alrededor de 30 casos, que pueden multiplicarse por varias víctimas. Ellos eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas, los que tenían personal a cargo y diagramaban los operativos", explicó Bogetti.

Desde el juzgado explicaron que las detenciones ocurrieron en los domicilios y que, una vez que se negaron a declarar, se les otorgó a todos el beneficio de la prisión domiciliaria.

El Área 400 está siendo investigada en profundidad por la fiscalía y las detenciones son parte de una estrategia para avanzar en la prueba reunida contra los imputados.

"Seguramente pediremos nuevas indagatorias, pero lo que importa es que los acusados saben que se los está procesando por una cantidad de casos por sus roles en Campo de Mayo", dijo Bogetti, que esperan nuevas detenciones en las próximas semanas.

Además, la fiscalía aguarda novedades de los allanamientos realizados en octubre pasado en la empresa Tenaris. Según trascendió, se espera por los peritajes de la documentación secuestrada.

"Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en agosto, las empresas sólo tienen la obligación de conservar la documentación contable y laboral de los últimos diez años. Es decir que la empresa podía destruir toda la información referida a la dictadura, por eso actuamos con mucha premura", señaló por entonces el fiscal federal de San Martín, Miguel García Ordaz.

"Tenaris accedió a darnos la información, que estaba completa. Todavía no hay ningún procesamiento porque estamos en plena etapa de investigación", agregó el fiscal.

Según cálculos de la fiscalía, hay cerca de 40 casos de obreros de la empresa que fueron privados de libertad y luego desaparecidos. "Creemos que pueden existir más, pero primero queremos demostrar qué tipo de responsabilidad tenían los directivos y el personal jerárquico en delitos de lesa humanidad", adelantó García Ordaz. Entre los represores que habrían participado de los operativos están sospechados los de la plana mayor de Zárate-Campana.

"Pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de esa empresa", explicó, por su parte, el abogado Pablo Llonto.

"Fue una zona de conflictividad sindical, con muchas comisiones internas. Es muy probable que estos represores ocuparon un espacio de decisiones estratégicas para disciplinar a los obreros y favorecer a las empresas", agregó el fiscal Bogetti.



 

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