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La política y los impuestos a los alimentos
Por Dr. Fernando Valdivia



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Fernando Valdivia

Hace un par de meses planteamos el tema de los impuestos a los alimentos "no saludables" porque es una de las tendencias con las que se busca frenar la creciente epidemia de obesidad, ya cercana al 40% de la población mundial. Esta semana el tema volvió a aparecer en la agenda de gobierno, pero ya no como parte de una política alimentaria, sino tributaria. En un segundo plano quedó el problema sanitario. Y se pospone hasta nuevo aviso cualquier intención de trabajar en los aspectos centrales: la educación en materia de alimentación.

¿Cómo surge la idea de gravar con impuestos a ciertos alimentos?

La idea apareció hace relativamente poco tiempo y se basa en las siguientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 1) el etiquetado especial para los alimentos altos en azúcar, grasas y sodio; 2) el control de las acciones de marketing de los alimentos "no saludables", 3) la regulación de los alimentos que se expenden en las escuelas, y 4) la política fiscal con la finalidad de aumentar el precio de dichos productos para desincentivar su consumo.

Pero el caso es que en la reforma planteada esta semana los puntos 1, 2 y 3 no aparecieron como de interés gubernamental. A decir decir verdad, tampoco son temas de mayor interés por parte de la población, repartida entre quienes no tienen problemas en pagar un poco más por alimentos que prácticamente no consumen, y aquellos otros que apenas pueden organizar sus compras con vista a llegar a fin de mes. Aún así, vamos a analizar el tema como si en verdad fuese parte de una política alimentaria, a los fines de estar mejor informados para cuando llegue la ocasión.

Incentivar consumos deseables o desincentivar los no deseables: esa es la cuestión

Desde la teoría económica clásica (basada en la idea de un consumidor soberano que decide racionalmente en favor de su interés y en el marco de un escenario de competencia y simetría de la información, se sugiere que lo correcto es incentivar los consumos deseables. Dicho de otro modo: el Estado (o, mejor, el mercado) debería premiar a quienes eligen ir más a la verdulería que al supermercado.

Pero como en verdad la idea romántica de mercados perfectos y consumidores inteligentes no suele verse más allá de la teoría, los Estados deciden intervenir, en contextos políticos complejos y repletos de intereses que enfrentan, la mayoría de las veces, a los distintos integrantes de la Sociedad Civil. Así, y puesto que los ciclos de las políticas públicas no suelen mostrar resultados en el corto plazo, les resulta más fácil y redituable poner impuestos que iniciar procesos educativos. Estos impuestos son el instrumento de la otra alternativa posible: desincentivar los consumos no deseables, o sea, incrementar los precios de los productos cuyo consumo se quiere disminuir. Siguiendo con la analogía anterior: en lugar de premiar al que va a la verdulería, aumentan los precios en los supermercados.

La cuenta, por favor

La experiencia en otros países que han creado este tipo de impuestos indica que sí logran desincentivar el consumo de los productos que gravan. Pero es clave comprender que eso se da en el contexto de implementación de las 4 acciones mencionadas, integrando programas complejos con foco en la educación alimentaria.

En nuestro país nunca se implementaron las 4 acciones. De hecho, no se ha implementado ninguna. Aunque la evidencia muestra que la demanda de estos alimentos "no saludables" es inelástica, es decir que si el precio sube -por ejemplo el de una gaseosa o bizcochitos de grasa-, la demanda no baja sino que se mantiene. En todo caso, se traslada a productos similares, como segundas marcas, de menor calidad pero similar composición. Este dato refuerza la hipótesis de quienes pensamos que el aumento de los impuestos como acción aislada no es otra cosa que una nueva aventura recaudatoria. La pregunta que surge ante ese escenario sería, pues: ¿quién debería pagar la cuenta?

Es un dilema político, pero también ético. Si el Estado no está decidido a mejorar la alimentación, somos los ciudadanos quienes pagamos el costo (mala salud y pérdida de la competitividad-país a causa de baja calidad de vida, con el consecuente efecto de menor generación de empleos). Desde esta perspectiva, entonces, los ciudadanos de a pie ya estaríamos pagando, aunque por otros medios, varios "impuestos" por estar mal alimentados (independientemente de que las decisiones finales de consumo sean personales).

Sabiendo que los impuestos que terminan siendo trasladados al precio que finalmente pagamos los consumidores, ¿qué alternativas podría barajarse para el caso en que el Estado se decida a encarar políticas alimentarias integrales? Continuará.

Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com


 

La política y los impuestos a los alimentos
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