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El Gobierno municipal sufrió un duro revés al ver rechazada su Rendición de Cuentas 2017



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HCD:
Cambiemos destacó el superávit de las cuentas municipales

Es la primera contabilidad que el HCD le desaprueba a la gestión Abella. Las bancadas opositoras denunciaron adjudicación de obras "a dedo", sobreprecios y falta de trasparencia. Desde el bloque PJ-Unidad Ciudadana cuestionaron que gran parte de las obras del fondo educativo fueran otorgadas a una empresa vinculada a Sergio Costantino, cuñado del Intendente.

Con un fuerte debate de por medio, durante el que se denunciaron de manera abierta contrataciones de empresas "a dedo" y la "actitud deliberadamente activa de ocultar información", la oposición hizo valer su mayoría y logró que el Concejo Deliberante desapruebe la Rendición de Cuentas municipal 2017, un inédito revés para el Gobierno de Cambiemos que, en los próximos meses y debido a esta decisión, deberá afrontar una minuciosa auditoría contable por parte del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires.

A lo largo de cuatro horas de discusión en el recinto, los bloques disidentes cuestionaron con severidad la contabilidad remitida por la Secretaría de Hacienda del Municipio. Pero más allá de las críticas de carácter político -como las dirigidas al recorte presupuestario en determinadas áreas en beneficio de otras-, destacaron las denuncias por el incumplimiento de los procedimientos de contratación, adjudicación discrecional de contratos y obras, mal uso de fondos afectados, falta de trasparencia y desconocimiento de resoluciones judiciales. Un nombre en especial cobró notoriedad: el del cuñado del intendente Abella, Sergio Costantino, funcionario y hombre fuerte del PRO de Capital Federal, a quien el bloque del PJ-Unidad Ciudadana vinculó con la empresa que tiene el "56% del total de las obras del fondo educativo", como señaló la concejal Soledad Calle.

La supuesta ausencia de licitaciones y su reemplazo por "licitaciones abreviadas" o contrataciones directas fue el eje central de la argumentación justicialista para rechazar la Rendición de Cuentas. Calle manifestó que existe "un estado de excepción permanente en el que se han montado los gastos de los recursos", en alusión a las emergencias declaradas tanto a nivel local como provincial y que facilitan determinados trámites de contratación. Sin embargo, aseguró que la gestión Abella "justifica en las necesidades sociales la administración discrecional de los recursos y la entrega de la obra pública a los amigos".

"Queremos que el HTC desarticule este mecanismo de excepción permanente", expresó la edil.

El bloque del PJ-UC trajo al debate a Costantino y lo relacionó con la firma Prisma Constructora S.R.L., adjudicataria de varios trabajos de refacción en escuelas de la ciudad. Mostró fotos del supuesto vínculo entre esta firma, el Municipio de Campana y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y le solicitó al oficialismo "explicaciones". También manifestó que los principales contratistas beneficiados por la gestión municipal fueron "suscriptos como proveedores con la asunción de Abella", que "ninguno es de Campana", que "tienen domicilio en Capital Federal o Vicente López -distritos donde gobierna el PRO-" y que entre ellas reúnen "el 90%" de las obras. En ese sentido, aseveró que hubo una "actitud deliberadamente activa de ocultar información" a los ediles disidentes: su colega Romina Carrizo dijo les dieron "apenas entre 6 y 7 horas para evaluar la documentación respaldatoria" de la rendición.

Los tres votos de la UV Calixto Dellepiane fueron claves para la desaprobación de la contabilidad municipal 2017. Axel Cantlon señaló que algunos de los expedientes de compras a los que tuvieron acceso "no justifican la emergencia" para su expeditiva gestión, evidencia de que "no se respetaron los procedimientos" reglados por ley. Al igual que el peronismo, habló de una concentración de las adjudicaciones en proveedores que no son de la ciudad. Y cuestionó la "restricción" a datos complementarios. "No es transparente lo que ha pasado acá", sostuvo su compañero de bancada, Carlos Gómez, en una de sus intervenciones.

Tanto el justicialismo como la UV Calixto Dellepiane señalaron que, pese a lo determinado por las cuentas municipales, la Municipalidad cerró el 2017 con déficit. Situó en 42 millones de pesos los gastos excedidos el bloque PJ-UC, mientras que el dellepianismo estimó en más de 80 millones la deuda "omitida y no registrada" en leasings (alquileres con derecho de compra).

Por su parte, el concejal Marco Colella del unibloque del Frente Renovador enumeró una serie de contratistas que, aseveró, facturaron precios diferenciales al Estado local. Mencionó que 5 millones de pesos fueron a parar "al hermano de un funcionario y exvecino del intendente" que se dedica al mantenimiento de espacios públicos; que una empresa foránea cobra "un 60% más" el metro cúbico de tosca que una local; y que un almacén de Zárate cobraba hace un año "productos de consumo diario" a precios que ni siquiera hoy los tiene en sus góndolas.

Las bancadas disidentes también cuestionaron la ejecución del presupuesto del HCD: calle indicó que el "gasto en publicidad se duplicó", al tiempo que Cantlon elevó la apuesta y aseguró que se "triplicó" lo destinado a difusión y propaganda. Ambos enmarcaron este dato en el año electoral y la candidatura de Sergio Roses, presidente del cuerpo, como primer concejal por el oficialismo.

Este es el primer rechazo a una rendición de cuentas presentada por el intendente Abella, que ahora aguarda expectante las conclusiones a las que arribe el Tribunal de Cuentas, órgano judicial que, si así lo considera, puede presentar cargos contra los funcionarios públicos que hayan incumplido con la ley.


AYER, EN SESIÓN ESPECIAL, LA OPOSICIÓN HIZO VALER SUS ONCE VOTOS Y LE PROPINÓ UN DURO REVÉS AL OFICIALISMO.


EL BLOQUE DEL PJ-UC TRAJO AL DEBATE A COSTANTINO Y LO RELACIONÓ CON LA FIRMA PRISMA CONSTRUCTORA, ADJUDICATARIA DE VARIOS TRABAJOS DE REFACCIÓN EN ESCUELAS DE LA CIUDAD. MOSTRÓ FOTOS DEL SUPUESTO VÍNCULO ENTRE ESTA FIRMA, EL MUNICIPIO DE CAMPANA Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.


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