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La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/oct/2019.

Discapacidad:
Discriminación en el transporte
Por Silvina Cotignola




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Silvina Cotignola

Transitando días complicados en el orden social, vienen advirtiéndose episodios arbitrarios que encuadran lisa y llanamente en conductas típicamente discriminatorias. Afortunadamente, son ya muchos los magistrados que propician la igualdad de las personas, dando ergo supremacía a los postulados establecidos en nuestros instrumentos internacionales con jerarquía constitucional.

En esta oportunidad me abocaré a los malos tratos, hostigamientos y explícitas omisiones a las leyes que regulan la franquicia de gratuidad en los transportes públicos de pasajeros, de los cuales son beneficiarios todas aquellas personas que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Como regla general, debe saberse que cualquier persona, sea cual fuere su condición, está legitimada para realizar reclamaciones en relación a los servicios de transporte automotor o ferroviario de jurisdicción nacional, ante el organismo estatal competente, entendiéndose por tal a la Comisión Nacional de Regulación Del Transporte (C.N.R.T.).

Así pues, el primer paso que debe realizarse, es efectivizar dicha denuncia directamente ante la empresa transportista que brindó el servicio cuestionado, la que tendrá la obligación inexcusable de entregar un número de reclamo formal. A partir de aquí, aquel prestador de servicio, tendrá 30 días corridos para brindar una formal respuesta. Si esto no sucediere, o bien, sucediere pero aquella respuesta no fuere satisfactoriamente fundada, quien resultare damnificado podrá dirigir su reclamo por ante la C.N.R.T., conforme lo prevé la Resolución 979/1998 y Resolución 823/1998. Por tanto, cumplidos aquellos recaudos, el organismo podrá ocuparse de resolver dicha denuncia.

¿Qué tipo de reclamaciones pueden efectuarse ante la C.N.R.T.? Quién considere que no se cumplen ni se respetan estos derechos podrá denunciar: a- Información actualizada sobre horarios y estados de los servicios, (importante para personas con movilidad reducida), b- Correcto desempeño del personal del operador transportista, c- Respeto por los principios de uniformidad, igualdad y trato no discriminatorio, algo que poco se practica, d- Atención apropiada y conveniente, dentro de las unidades, de acuerdo al tipo de servicio, e- Seguridad y continuidad de los servicios prestados, f- Disponibilidad del libro de quejas, en caso que el usuario lo requiriere, g- Respeto por los estándares mínimos de calidad, h- Tarifas razonables y justas en todos los servicios ofrecidos, más allá de la existencia de gratuidad en el transporte prevista por las leyes 22.431 y 25.635 y sus decretos reglamentarios, i- Prestaciones brindadas en el marco de la libre competencia, es decir monopolizar los servicios en la figura de, determinado prestatario.

La denuncia puede ser canalizada por internet, por teléfono, o bien de forma presencial debiendo previamente ingresarse a la página web Mi Argentina o bien creando una cuenta.

Sin perjuicio de poder formalizar este tipo de denuncia, aquella persona con discapacidad que hubiere sido víctima de actos o conductas discriminatorias por parte de personal de las empresas de colectivos, entiéndase por tal choferes, supervisores, y demás integrantes de la transportista, podrán también denunciar tales episodios ante el "INADI" Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia. Este organismo brindará a los damnificados, más allá de asistencia y contención, asesoramiento jurídico especializado y gratuito.

Finalmente solo resta señalar, que si luego de estas denuncias de carácter administrativo, los eventos denunciados no cesaran o quien los hubiere ocasionado no procurase revertir su conducta cesando en los mismos, el damnificado estará facultado para recurrir a la instancia judicial a fin de obtener por un lado la cesación de los perjuicios derivados de aquellas conductas y por el otro para solicitar una reparación patrimonial de cada mal trago padecido, circunstancia esta que presumiblemente pudo ser causa fuente de potenciales agravamientos de su patología de base, con la consecuente derivación perjudicial para su psiquis, en definitiva, su calidad de vida disminuida a consecuencia de dicho accionar arbitrario ergo discriminatorio.

Afortunadamente, son ya muchos los magistrados que propician la igualdad de las personas, dando ergo supremacía a los postulados establecidos en nuestros instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, siendo a mi entender uno de los más importantes la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" sancionada hace ya casi 14 años por las Naciones Unidas e integrando definitivamente nuestro ordenamiento jurídico interno a partir de la sanción de las leyes 26.378/2008 y 27.044/2014, por tanto de cumplimiento exegético para todo el mundo. Por todo esto, los vuelvo a invitar a que "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios".


Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com


 

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