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La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/nov/2019.

Opinión:
8912
Por Arq. Jorge Bader




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Jorge Bader

Soplan otros vientos en la provincia y en la gobernación la Vice Gobernadora será un ex intendente, así que sabe de qué se habla cuando se cuestiona reiteradamente la ley de uso del suelo.

La provincia de Buenos Aires tiene una legislación territorial que se desprende de una madre única, la ley 8912. En realidad, y este es el meollo del asunto, esta norma surgió como un Decreto Ley del poder ejecutivo nacional del gobierno de facto del año 1977, y se basó en la cosmovisión que los militares tenían del territorio, que según ellos, se cortaba como una pizza, y se sectorizaba como si fuera un campo de batalla. La ley no consideraba los regionalismos ni las particularidades de un espacio extenso y diverso como la Provincia, sino que con "Manu Militari", definía un denominador común de corto y segmento, según el mejor criterio dogmático.

En el año 1983, con la llegada de la democracia los problemas urgentes eran otros y la ley sobrevivió, y fue quedando. La provincia en pleno ejercicio de su democracia cambió, apareció la Hidrovía, la descentralización del puerto de Buenos Aires, la regionalización productiva, y el cambio de paradigmas logísticos, y circulatorios, pero la ley siguió allí diciendo que toda la provincia tiene los mismos condicionantes territoriales. Así vale la misma densidad ocupacional para el territorio industrial, para el conurbano o para Junín o Lincoln, zonas agropecuarias con distintas problemáticas, o se definen los espacios verdes con criterio cuantitativo igualitario para distintos ámbitos territoriales con diferente relación con el suelo natural. No había ni el más remoto sentido de la preservación de humedales, y los bajos eran simplemente un charco, y la biodiversidad era solo una anécdota romántica, y para la ley todo debía uniformarse y punto.

La cuestión es que en una democracia joven como la nuestra ha habido tantas emergencias y prioridades que esa famosa ley sigue allí inmutable. Ha sufrido embates variados, y ha tenido un sinnúmero de adecuaciones a través de leyes complementarias vinculadas a los nuevos modos de ocupación y urbanización, como por ejemplo los barrios cerrados, la ley de acceso justo al hábitat, las leyes de preservación de humedales, los loteos sociales, o los parques industriales y las zonas industriales protegidas. Estas adecuaciones, por más imaginativos nombres que les pongamos, no resuelven la profundidad de la problemática de las condiciones de uso del suelo variado y los distintos modos de apropiación, y usos, así como tampoco resuelve las soluciones específicas a los distintos sectores de la provincia, y mucho menos representa una reglamentación que redefina los indicadores según usos tan diversos. Son como digo siempre enmiendas obligadas frente a una dificultad de abordar la reforma definitiva de la ley y la construcción de un digesto sobre las normativas territoriales según una nueva visión estratégica.

Para comparar, simplemente, la provincia tiene la dimensión de muchos países europeos y esos países que inspiraron la ley de uso del suelo original de nuestro país, han llevado a cabo procesos de ajustes en base a regionalización productiva, condiciones de explotación del suelo diferente y zonificación según oportunidades de promoción o generación de distintos esquemas de desarrollo. Así aparecen reglamentaciones propias de sectores turísticos, históricos o de explotación de recursos variados.

Nosotros seguimos aferrados a un modelo rígido de planificación militar que ya caducó hace varios años, y que ha demostrado ser una camisa de fuerza que no ha resultado útil para el crecimiento ni el desarrollo más organizado. Quien diga lo contrario poco puede aportar para defender su razonamiento ya que la ley, así como se ha concebido ha obligado a muchos municipios a inventar subterfugios para vadearla porque parece que su presencia inmanente representa el ojo del gran hermano que con visión de otrora vigila y somete al suelo a una rigidez inaplicable.

¿Cómo puede pensarse una densidad uniforme cuando la apetencia de apropiación del suelo industrial resulta mayor que la explotación intensiva de un campo muchas veces despoblado?, ¿Cómo puede legislarse con criterio de tabla rasa en un territorio dividido desde sus orígenes en terrenos de 8,66 o 10 metros, según corresponda a loteos antiguos o modernos? Asimismo, ¿cómo puede legislarse con criterio uniforme un uso del suelo, en una ley madre que lleva implícito su contrasentido en la misma ley? Y explico este concepto, una ley territorial es la expresión filosófica de la condición deseada, para la ocupación del territorio. Los indicadores urbanísticos por sectores específicos son aquello que se regula en un decreto reglamentario, de modo que lo filosófico se mantiene a lo largo del tiempo, pero lo reglamentario se adecua a las condiciones cambiantes de la evolución humana, social y espacial. Precisamente al haberse concebido en un gobierno de facto y nacer como un Decreto Ley la mezcla de conceptos es inevitable.

Hoy cambiar los indicadores desactualizados es reformar la Ley y eso la ha hecho casi intocable. Muchas veces porque no ha habido la suficiente capacidad técnica aplicada para el análisis profundo de las propuestas alternativas y otras porque simplemente no se tuvo la voluntad correspondiente. Dividir lo filosófico y conceptual de lo dispositivo es central como primer paso para adecuar esta legislación, y luego replantear la nueva visión de una provincia diversa, es el segundo paso de un análisis postergado.

Espero que este nuevo gobierno le ponga definitivamente el cascabel al gato.


Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015


 

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