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La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/sep/2009.
"Discapacidad. Normativas previsionales nacionales y provincial"
Por Dra. Silvina Cotignola



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Esta semana me dedicaré a comentar respecto al marco normativo aplicable a la contingencia de la discapacidad tanto en el ámbito nacional como el provincial, sea en el campo de lo público como de la actividad privada.

En el año 1973 se sanciona la primer ley específica que regula la materia previsional de las personas con discapacidad. La ley lleva el nº 20475 en la cual define en su Art. 1 y a los efectos de esta ley el término minusválido como a aquellas personas cuya invalidez física o intelectual, que fuere certificada por autoridad sanitaria oficial, produzca en su capacidad laborativa una disminución mayor al 33%.

Asimismo esta normativa prevé que los minusválidos tendrán derecho a: 1- jubilación ordinaria con 20 años de servicios y 45 años de edad, cuando se hayan desempeñado en relación de dependencia o 50 años si fueren trabajadores autónomos, siempre que acrediten fehacientemente que durante los 10 años inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud del beneficio prestaron servicios en el estado de disminución física o psíquica antes mencionada. 2- jubilación por invalidez: cuando se incapaciten para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante les permitía desempeñar.

Ahora bien, los jubilados por invalidez de este régimen que hubieren reingresado a la actividad en relación de dependencia y denunciaren dicho reingreso a la autoridad administrativa competente, tendrán derecho, en la medida en que subsistiere la incapacidad que originó el beneficio, a reajustar el haber de su prestación mediante el computo de las nuevas actividades, siempre que éstas alcanzaren a un periodo mínimo de tres años.

Vale consignar que por cada año de servicios con aporte, que excediere de 20 años, el haber se bonificará de acuerdo lo disponga la norma vigente.

Las disposiciones de la ley previsional vigente se aplicarán en forma supletoria en cuanto no se opongan a lo normado en la presente ley.

En el mismo ámbito nacional pero en el año 1974 se sancionó la ley 20888 que regula el otorgamiento del beneficio jubilatorio para ciegos. Por dicha norma todo afiliado al Sistema Nacional de Previsión, o a cualquier caja o sistema de previsión especial, que esté afectado de ceguera congénita, tendrá derecho a gozar de una jubilación ordinaria a los 45 años de edad y 20 años de servicios.

Ahora bien, quien adquiriese la ceguera 5 años antes de llegar a cualquiera de los extremos antedichos, se considerará comprendido en sus beneficios. Asimismo quien haya adquirido la ceguera, una vez cumplidos los topes anteriores, gozará de estos beneficios, siempre que la ceguera se prolongue por un lapso como mínimo de dos años continuos.

Si el beneficiario recuperase la vista, sea su ceguera congénita o adquirida, el tiempo de ceguera será computado como años de servicios. En este caso seguirá gozando del beneficio jubilatorio hasta los seis meses posteriores de haber recuperado la visión.

En ningún caso, el otorgamiento de este beneficio jubilatorio, será incompatible con cualquier otra entrada que pudiere tener el beneficiario.

En nuestra provincia de Buenos Aires existe una ley, lamentablemente bastante desconocida, que regula el régimen jubilatorio de los agentes públicos, tornando muchas veces incierta la posibilidad por el interesado de su encuadramiento en la misma. La ley mencionada lleva el nº 10593 sancionada en octubre de 1987. Por la misma se instituye el régimen de las prestaciones previsionales para los agentes discapacitados que otorgará el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires "IPS".

Quedan obligatoriamente comprendidos en el presente régimen el personal de cualquiera de los tres poderes del Estado Provincial (ejecutivo, legislativo y judicial), municipalidades, entidades autárquicas o empresas del estado provincial, afiliados al Instituto de Previsión Social, que hubieren ingresado en virtud de las disposiciones de la ley que instituye el Régimen Jurídico Básico e Integral para las personas discapacitadas, ley 10592. A los efectos de interpretación de la ley 10593, la discapacidad deberá ser permanente y estable, con o sin pronóstico de recuperación, mejoría o asistencia, de conformidad con lo establecido en las escalas de pronósticos del "Manual de Clasificación del Daño, Discapacidad y Desventaja", de la Organización Mundial de la Salud "OMS", categorías 1, 2, 3 y 4.

Debe destacarse asimismo, que quedan excluidos del presente régimen: 1- los agentes cuya discapacidad sea creciente, con o sin posibilidades de mejoría en su rendimiento funcional, comprendidos en las categorías 5 y 6 de la escala de pronóstico antes mencionada, los que quedarán sujetos al régimen de pensiones sociales establecidos por la ley 10205 y sus modificatorias. 2- los agentes cuya discapacidad fuere temporaria, los que quedarán sujetos a lo normado por el decreto ley 9650/80 y sus modificatorias.

Los agentes públicos discapacitados tendrán derecho a : 1- jubilación ordinaria cuando acrediten 45 años de edad y 20 de servicios con aportes en uno o más regímenes jubilatorios de los comprendidos en el sistema de reciprocidad, siempre que su discapacidad hubiere existido al inicio de la relación de empleo. 2- jubilación por invalidez cuando se incapacitaren para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante les permitió efectuar, por causas no previsibles al momento de su ingreso.

La determinación de la categoría de pronóstico de los agentes, estará a cargo del organismo competente para certificar la existencia de la discapacidad.

Es súper importante destacar lo siguiente, pues es uno de los principales obstáculos al momento de pretender jubilarse el agente, que el organismo empleador no omita hacer constar en el decreto de designación así como en su legajo, que el mismo se encuentra encuadrado en el presente régimen, indicando la categoría de la escala de pronóstico según el caso.

Los organismos estatales empleadores deberán comunicar al Instituto de Previsión Social anualmente la nómina de agentes ingresados, como así también todo cambio de categoría y/o de régimen previa conformidad del "IPS".

Debe señalarse que los agentes discapacitados con pronóstico de recuperación encuadrados en la categoría nº 1 de la escala de pronóstico, deberán someterse una vez por año a revisación médica ante la Dirección de Reconocimientos Médicos a fin de verificar si han recuperado su capacidad total. De ser así, el interesado dejará de estar encuadrado en el presente régimen.

A los efectos de la obtención de los beneficios de jubilación ordinaria y por invalidez para los agentes discapacitados, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del decreto ley 9650/80 y sus modificaciones, en todo lo que no se oponga a la presente ley, como así también al Convenio de Reciprocidad instituido por el Decreto Nacional 9316/46.

Lo distintivo del presente régimen es que el estado empleador deberá efectuar como contribución obligatoria el 17% sobre el total de las remuneraciones que perciba el personal comprendido en este régimen.

En síntesis, de la combinación de estas normas jurídicas puedo concluir sencillamente diciendo: si el agente trabajara en un establecimiento dependiente del Estado Nacional o privado, se aplicaría la ley 20475 o 20888. Ahora bien, si el agente se desempeñase en una dependencia provincial o municipal, se aplicaría la ley 10593 y su planteo debe formularse por ante el IPS. No hay que olvidarse lo siguiente: si el agente se encontraba discapacitado al inicio del empleo público, ya que si esa contingencia fuere sobreviniente, se aplicaría la jubilación por incapacidad de la ley 9650/80 y no la ley 10593 por discapacidad.

Amigos…. advertirán que el desconocimiento de la normativa vigente en esta materia es importantísima, circunstancia ésta que apareja innumerables reclamos por parte de los interesados, los que no siempre llegan a resultados favorables, tornando perjudicial su retiro y causando ciertamente disminuciones económicas considerables en los haberes respectivos. Por eso sigamos difundiendo por los ámbitos a nuestro alcance estos postulados. Como siempre no olviden "EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS NO SON MEROS PRIVILEGIOS".

Dra. Silvina Cotignola.

Abogada especializada en Familia y Discapacidad.

Smlcoti@ciudad.com.ar


 

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