Parece que en Seguridad todos pretenden tirar la pelota afuera de su área, en lugar de sentarse a conversar los temas que están esperando nuestros ciudadanos de Campana.
En mi opinión, quien pretenda liderar nuestra ciudad debe necesariamente buscar aunar todos los esfuerzos, recursos humanos y económicos de todas las autoridades políticas, judiciales y de las fuerzas de seguridad a favor de un trabajo conjunto y solidario que pretenda solucionar los problemas más graves en materia de seguridad; pero nunca se deberá buscar mayores o menores grados de culpabilidad entre los actores involucrados, porque esa actitud sólo generaría más dificultades aún -entre los protagonistas- para consensuar soluciones.
Más grave será la dificultad de resolver problemas, cuando las afirmaciones que se realizan desde las autoridades municipales están dirigidas a desviar la atención hacia otros sectores, más precisamente hacia el Poder Judicial.
La realidad es que la problemática de los delitos penales (a lo que hoy señalamos como SEGURIDAD en forma genérica) se divide -en la Pcia de Bs.As., fundamentalmente en tres etapas; la primera es la prevención (es decir, todo el trabajo de las fuerzas de seguridad, CIMOPU, y demás organismos involucrados en prevenir o evitar que se cometan los delitos); la otra etapa es la instrucción (procedimiento judicial a cargo del Ministerio Público Fiscal destinado a investigar los delitos denunciados) y el juicio penal propiamente dicho (donde se decide la condena o no de una persona -imputado- en virtud del análisis de las defensas y las acusaciones sobre las pruebas existentes).
Es importante explicar esta división de las distintas etapas porque el Ministerio Público Fiscal interviene sólo en la instrucción, y actúa solamente frente a los delitos ya consumados; es decir, el Ministerio Público Fiscal no es el encargado de realizar la prevención de los delitos que es una responsabilidad exclusiva de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del CIMOPU (Centro Integral de Monitoreo y Prevención Urbana).
Dicho de otra manera, la única forma de evitar que se sigan cometiendo delitos es mediante acciones de prevención del delito (que no es una obligación del Poder Judicial) sino que fundamentalmente se relaciona directamente con la acción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con las fuerzas municipales de prevención; y también con la actividad de desarrollo social o humano en los lugares más marginales.
También es real que el Poder Judicial debe actuar haciendo cumplir las normas y deteniendo a los responsables de la comisión de los delitos; pero es importante que tengamos en cuenta que si sólo actuara el Poder Judicial sin ninguna política de prevención del delito deberíamos construir muchas más cárceles porque nunca se estaría pensando en evitar los delitos sino sólo en detenerlos; o sólo se estaría pensando en enjuiciar a los culpables pero no se estaría trabajando en erradicar la causa que origina más delincuentes.
Estudios de expertos dicen que los mejores programas de prevención del delito se basan en soluciones simples dirigidas a unos pocos problemas. La clave es la planificación. Para eso es imprescindible abordar los problemas de la comunidad en forma sistemática:
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· Determinar adecuadamente cuáles son los principales problemas de cada zona,
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· Elaborar programas que aborden las necesidades específicas y,
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· Evaluar su aplicación para asegurarse que estén funcionando.
Nada de eso estamos discutiendo en Campana, sólo existen declaraciones tendientes a culpar a terceros. Esa no es la solución. Ahora más que nunca debemos dejar de lado las diferencias para tratar el tema de seguridad.
