Emitieron ayer un documento en el que expresan: "La inseguridad, que no desconocemos y que también sufrimos, es un problema muy serio que responde a una multiplicidad de factores. Ello no significa que pretendamos eludir nuestra responsabilidad. Los jueces, fiscales, defensores y asesores no somos ni queremos ser políticos, tampoco hacemos ni queremos hacer política. No diseñamos ni ejecutamos políticas públicas en materia de seguridad".
El Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Departamento Judicial Zárate-Campana dio a conocer ayer un documento en el que se refirie al tema de la problematica de la seguridad pública, que afecta a los vecinos de Campana, a raiz de lo cual fueron seriamente criticados por el poder polìtico, hecho que tuvo su maxima expresión en las palabras de la intendente Giroldi .
El texto del mismo expresa: "Ante la reciente controversia pública que alcanza funcional y personalmente a Magistrados y Funcionarios cuya representación ejercemos, entendemos necesario realizar algunas aclaraciones.
En nuestra vida diaria jueces, fiscales, defensores y asesores somos ciudadanos comunes, transitamos las mismas calles, sin custodia, compramos en los mismos comercios, nuestros hijos asisten a los mismos colegios. Muchos de nosotros nacimos y nos criamos aquí, nuestros padres y abuelos contribuyeron a hacer grande a esta ciudad de Campana, a la cual amamos al igual que a su gente. Lo único que nos diferencia es el enorme compromiso que implica nuestra función de administrar justicia.
La inseguridad, que no desconocemos y que también sufrimos, es un problema muy serio que responde a una multiplicidad de factores. No creemos que el "escrache", la descalificación personal y la agresión sean la forma de solucionarla.
Ello no significa que pretendamos eludir nuestra responsabilidad, simplemente queremos dejar en claro cuáles son nuestras incumbencias.
Los jueces, fiscales, defensores y asesores no somos ni queremos ser políticos, tampoco hacemos ni queremos hacer política. No diseñamos ni ejecutamos políticas públicas en materia de seguridad.
Nuestra función consiste, en el caso de los fiscales, defensores y asesores, en reclamar la aplicación de la ley y en el caso de los jueces aplicarla, siempre ante un caso concreto, es decir, ante un hecho ya ocurrido, con lo que la función judicial no resulta una herramienta primaria ni directa de prevención.
No hacemos ni modificamos las leyes, aplicamos las que sanciona el Poder Legislativo y promulga el Poder Ejecutivo. Velamos además por la irrestricta observancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en los Pactos y las Convenciones Internacionales que esos mismos poderes convierten en ley vigente en el país.
Cuando aplicamos la ley a un caso concreto y ante un hecho consumado lo hacemos siempre mediante resoluciones fundadas, explicando las razones y los motivos de muestra decisión. Tales resoluciones pueden ser objeto de múltiples instancias de revisión.
Somos designados por los mecanismos que prevé la constitución de la Provincia de Buenos Aires, por decreto del Poder Ejecutivo provincial, y con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública, a partir de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, el cual esta integrado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia, donde mediante examen escrito, entrevistas personales y pedidos de informes, se evalúa nuestra solvencia moral, idoneidad profesional y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.
Somos removidos por un procedimiento previsto también constitucionalmente, el Jurado de Enjuiciamiento, compuesto por legisladores y abogados sorteados en cada caso. Además somos objeto de control interno por parte de la Suprema Corte de Justicia Provincial y la Procuración General. Cualquiera de estos procedimientos, el de remoción y los de control, pueden ser impulsados por quien considere que incumplimos con nuestras obligaciones funcionales.
En ese contexto, nuestra independencia, respecto de todos los poderes, es una garantía para todos los ciudadanos.
Sobre esta base es que nos permitimos discrepar con quienes, a partir de su discurso, pueden confundir a la población sobre el rol que desempeña cada poder del estado con relación al tema de la seguridad pública.
Finalmente, apostamos, como siempre lo hicimos y lo seguiremos haciendo, al dialogo y al consenso antes que a la confrontación".
