Esta semana el oficialismo local reiteró su estrategia de intentar desviar la atención en materia de seguridad hacia el poder judicial en lugar de promover convocatorias amplias de todos los sectores para tratar de encontrar una salida rápida y conjunta.
En ese sentido, creemos más importante debatir ideas que ayuden a modificar la situación actual que enfrentarse entre los distintos representantes del poder político. También me parece más interesante que exista una convocatoria a quienes solicitamos formalmente reunirnos con el Ejecutivo y los demás organismos para presentar propuestas concretas.
En ese sentido, vuelvo a reiterar que la propuesta del oficialismo de realizar marchas frente al Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial es un error que comprueba el mal asesoramiento político que está recibiendo nuestra Intendente Municipal, impulsándola a confrontar con un sector que debería ser un aliado estratégico en esta problemática.
Hablo de mal asesoramiento, porque la realidad indica que el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los juzgados del Régimen Penal Juvenil sólo se limitan a aplicar las normas vigentes que regulan el procedimiento penal en la Provincia de Buenos Aires, tanto para adultos como para menores; los cuales fueron promovidos por los distintos gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, apoyados y acompañados por el oficialismo local siempre.
Quienes actualmente detentan el poder político por el voto popular y la conducción de la Provincia de Buenos Aires tienen las herramientas para reformar las leyes de procedimiento penal, y la conexión con el gobierno nacional para modificar las leyes penales de fondo.
Solicitar reclamos al Poder Judicial, en lugar de poner énfasis en los legisladores provinciales y nacionales, solicitando reformas puntuales al Régimen Penal Juvenil, y al Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires, es una clara intención de desviar la real atención hacia lugares donde nunca se podrán lograr los cambios o las reformas que necesitamos.
REFORMA JUDICIAL
Por otro lado, en la sesión del jueves pasado del HCD se trató el proyecto de resolución rechazando la propuesta del Gobierno Nacional de Reforma Judicial.
A mi entender una reforma que modifica seriamente el Consejo de la Magistratura (organismo que designa y remueve jueces), no sólo en su composición sino fundamentalmente en las mayorías necesarias para tomar sus decisiones.
Mientras antes de esta reforma se necesitaba solo una rigurosa mayoría de 2/3 del total de los miembros para la designación y remoción de los jueces, ahora se alcanza sólo con la mayoría absoluta de la mitad más uno de los miembros, lo cual con los nuevos miembros resulta ser una mayoría muy fácil de alcanzar al Poder Ejecutivo. Logrando así manejar el único poder de la República que era independiente al Poder Ejecutivo hasta la fecha.
Por su parte, también se crearon cámaras de casación en todas las materias del derecho, haciendo más extensos todos los procesos judiciales, afectando más aún la lentitud de los procedimientos judiciales. Digo esto porque en el proyecto no se definió la modernización y simplificación de los procedimientos judiciales actuales, entonces es fácil concluir que agregar una nueva instancia a los procesos judiciales sin siquiera agilizar los procedimientos vigentes; sin duda redundará en mayores plazos para la resolución definitiva; y por ende, prolongar más aún la violación de los derechos en juego en los distintos pleitos.
También las cautelares han sido modificadas en el Congreso de la Nación, privilegiando al Estado frente a los demás casos; estableciendo plazos muy cortos para la resolución del fondo del asunto. Esta medida sin duda afecta seriamente los derechos y garantías de los ciudadanos, dado que nadie tendrá opción de frenar una decisión estatal, ni siquiera mediante una resolución judicial diga expresamente que el Estado está violando una norma constitucional-salvo excepciones muy limitadas-; lo cual afecta los débiles frente al poder de turno.
En el HCD toda la oposición votó por el rechazo de la reforma judicial, excepto el Bloque del Frente para la Victoria que se negó a aprobarlo.
