"La falta de control, y el oligopolio de las empresas de comunicaciones, nos dejan en un evidente estado de indefensión que nos obliga a pagar por servicios que no nos brindan o lo hacen deficitariamente"
Días pasados en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde Martin Deppeler se desempeña como asesor del Bloque de Diputados de la UCR, se dió cita, ante la convocatoria de legisladores, el Ingeniero Norberto Capellan, Presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, quien nuclea a las empresas de Personal, Claro, Movistar y Nextel a fin de aclarar cuestiones referidas a las falencias del servicio que sufren los usuarios.
Al respecto Martin Deppeler manifestaba que: "si bien aducen una inversión de más de $23 millones en los últimos 10 años, el servicio es más deficitario que hace dos décadas atrás. El representante de las 4 empresas que monopólicamente prestan el servicio a prácticamente el 100% de los consumidores, utilizan como excusas, la responsabilidad de los municipios de quienes justifican, no permiten colocar nuevas antenas, explicación que se rechazada de plano por todos los presentes" explicó.
"Estas empresas conforman un magnifico oligopolio, mediante una falsa competencia entre 4 empresas privadas, que manipulan el consumo y gasto de sus clientes. Mantienen y controlan a su arbitrio el control del consumo en menoscabo de quienes lo consumimos, produciendo casi la totalidad de productos y servicios, haciendo un manejo prácticamente absoluto.
Los incesantes reclamos de los usuarios de teléfonos celulares están vinculados en su mayoría, tanto al deficiente funcionamiento del servicio, como a problemas de facturación. También responden a la falta de información sobre las características de los productos y sus condiciones de comercialización.
La inexistencia de un marco regulatorio establecido por ley ha permitido hasta ahora a las empresas licenciatarias que prestan el servicio de telefonía móvil, una libertad de maniobras, fundamentalmente a la hora de establecer tarifas, sin ningún control del Estado.
Entre el 30 y el 50 por ciento de las denuncias recibidas en todo el país en organismos de defensa del consumidor, se dirigen contra las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, como reconoció la propia Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Esta problemática justifica una urgente medida a favor de los consumidores como podría ser la declaración de servicio público a la telefonía móvil a fin de resguardar los derechos de los consumidores."
Martin Deppeler.
Ing. Norberto Capellan. Comisión Defensa del Consumidor HCDN.
