Mal que pese, si se acepta dirimir en estrados judiciales violaciones a los derechos humanos –con el fundamental aporte de 29 testimonios de ciudadanos de Campana y Zárate-, el fallo judicial o la condena a los responsables (aunque los afectados -sectores sociales y políticos- difieran profundamente con lo resuelto), recurrirán –por enésima vez- a otras instancias judiciales para plantear diferencias con lo que las usías de San Martín resolvieran para con los represores Riveros, Ortega y Meneghini.
Pero lo que no se dirime en estrados judiciales conlleva lecturas políticas, de distinto orden y tenor, para arrimar algún análisis en clave de preguntas, dudas, respecto no sólo a lo que fue la primer sentencia a represores vinculados al circuito represivo Campana-Zárate-Escobar –ya establecido y/o acreditado hace unos 9 años-, sino también en lo relativo a la significación de la continuidad en la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos en la región.
Una primera –y humilde- percepción, implica destacar el laburo miltante generado desde el espacio cultural Pachamama hace apenas 3 años, nucleando familiares, sobrevivientes que, junto a la Comisión Justicia Zona Norte, articularon el entramado necesario para transitar un camino –no finalizado- para lograr memoria, verdad y justicia, para lo cual la asistencia legal de Pablo Llonto, Nora Oberlin y colaboradores, sería indispensable para dar marco a una lucha en la que la importancia de uno es tan importante como la de todos.
Así, la consecuencia inicial de lo realizado excede e incluye la poco bien recibida sentencia de la TOF 5, en la medida que también habría que ver cuáles son los 18 (dieciocho) CCD que especificará el Tribunal se deberían investigar, ya que en la causa 5310/04 se acreditaran "a) buque patrullero ARA Murature; b) Base Naval de Zárate de la Armada Argentina; c) Instituto de Formación-Zárate-; d) Secciones Campana y Zárate de la Prefectura Naval Argentina; e) el ex Tiro Federal de Campana; f) la ex Fábrica Militar de Tolueno Sintético perteneciente entonces a Fabricaciones Militares –ubicado en el actual predio de la empresa Rhasa; g) el inmueble en el que actualmente desarrolla actividad la fundación denominada "Viaje de vuelta" ubicada en la localidad de Otamendi; h) el inmueble de la calle Mitre nro. 560 de la localidad de Zárate e i) las comisarías de Campana, Escobar y Zárate de la Policía de la Provincia de Buenos Aires", o sea, 12 (doce) CCD acreditados en el Juzgado Federal nro. 1 de la departamental desde el año 2004, por lo que en la lectura del fallo en septiembre se conocerían los 6(seis) restantes, implicando esto que no ha sido resultado de este juicio la comprobación fehaciente de la existencia de un circuito clandestino de represión, sino que lo ocurrido y lo que vendrá es/será –siempre- continuidad de lo que durante años se ha venido construyendo desde la militancia concreta de decenas y decenas de personas comprometidas en la lucha por los Derechos Humanos, incluidos variopintos funcionarios provinciales y/o municipales. Pero lo que realmente ha sido inédito en esta etapa reciente, se vincula a las actividades llevadas a cabo desde organizaciones gremiales docentes de Campana y Zárate –y otros sectores también-, para que sectores estudiantiles y docentes concurrieran al desarrollo del juicio en San Martín; sectores que estuvieran presentes –en ambas ciudades- para la lectura de las sentencias y que, probablemente, hayan sentido alguna frustración respecto a los resultados de las condenas a los genocidas.
Mucho de lo que resta por hacer, desnudará o no, las terribles aristas que sigue ocultando una realidad local en la que el encuadramiento jurídico, y su consecuencia, los fallos, a pesar de las diferencias –políticas- que se tienen respecto a ellos, revisten una significación importante, considerando que no ha sido el repudio social hacia hechos y protagonistas de la historia reciente en el pueblo, atravesada por la brutalidad de la represión, lo que ha distinguido a la mayoría de la ciudadanía local, más allá del comprometido trabajo de incontables personas –sobrevivientes, familiares, militancia político/social-, que –ellos sí- no han dejado de repudiar y luchar contra la impunidad heredada de los "años de plomo" en el pago chico.
Podría especularse respecto a qué ocurrirá en la continuidad de juicios relacionados con la zona, cuando se juzguen a personas que -con mayor, menor o nulo compromiso- hubieran establecido relaciones o hubieran tenido relación sobre hechos ocurridos en lo que hoy se tipificaría como dictadura cívico-militar, y donde la cuestión de trabajadores secuestrados y desaparecidos de la empresa Siderca posee un relevancia significativa: ¿cómo se clarificará y condenará lo ocurrido en la "Noche de los Tubos" y con otros compañeros de fábrica…?, ¿qué caminos recorrerán los testimonios que se presentarán…?, ¿qué reacción provocaría en la "opinión pública" pueblerina, que se demostrara y condenara a responsables "fabriles" por los hechos acaecidos…?, ¿ocurrirá lo que más de uno ha pensado no ocurriría con la empresa…?.
Lógicamente, cualquiera de los breves análisis puede ser materia opinable, pero estima la presente que lo que ha logrado la lucha por los Derechos Humanos en el pueblo, es (y será) establecer una construcción de sentido en la que la Historia no la escriben "los que ganan", sino que continúa (y continuará) siendo escrita por quienes la vienen haciendo comprometidamente, militantemente, por cada ausencia, por cada memoria que, posiblemente, no tipifique en ninguna sentencia.
Simplemente, porque la lucha continúa.
(Comentarios a: ladominguer@yahoo.com.ar)
