Las víctimas, de 14 y 15 años, son oriundas de una comunidad aborigen del chaco paraguayo y eran buscadas intensamente en su país. Fueron engañadas a través de una falsa oferta laboral y traídas a Campana. Las mantuvieron cautivas y empleando violencia psíquica y física sobre ellas.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó a un hombre, identificado como Héctor Omar Dos Santos, a la pena de 10 años y seis meses de prisión por considerarlo culpable del delito de trata de personas con fines de explotación respecto de dos mujeres menores de edad.
Las víctimas, de 14 y 15 años, eran oriundas de una comunidad aborigen del chaco paraguayo y arribaron a la ciudad de Asunción del Paraguay, en octubre de 2010, engañadas con la promesa de que iban a trabajar como niñeras. Luego, fueron traídas a Argentina, evadiendo los controles migratorios, hasta la vivienda de Dos Santos, ubicada en Campana.
Una vez allí, fueron obligadas a trabajar sin ningún tipo de remuneración. Además, les impidieron todo contacto con su familia, les destruyeron sus pertenencias, se les retuvo la documentación y se las sometió a malos tratos físicos y psíquicos, abusando de la situación de vulnerabilidad de las jóvenes.
En ese sentido, uno de los aspectos que el Tribunal destacó, por la trascendencia que las propias niñas le dieron al tema, quienes apenas dominaban el idioma español, es que les hicieron cortarse el pelo como "varones", cuando era una tradición de la comunidad llevar el pelo por la cintura. Además, relataron que al llegar a Argentina, les quemaron las pocas pertenencias que llevaban como su agenda, teléfonos y prendas de vestir.
Asimismo, otro de los hechos que le imputaron a Dos Santos fue haber separado a las víctimas y haber trasladado a una de ellas a un barrio de emergencia llamado "Villa 20", ubicado en el barrio de Villa Lugano, Capital Federal. Allí, la adolescente fue obligada a trabajar sin retribución alguna de 7 a 23 horas, recibiendo malos tratos y amenazas hasta el 27 de julio de 2011, día en que fue rescatada.
De la misma manera, Dos Santos entregó a la otra joven a terceras personas para que trabajara realizando tareas domésticas en una finca ubicada en la localidad de Del Viso, a cambio de dinero en beneficio propio. Finalmente, el 22 de julio de 2011 fue rescatada.
La causa se inició en febrero de 2011 a raíz de un pedido de colaboración internacional recibido en la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas, a cargo del fiscal Marcelo Colombo. El pedido llegó por parte de la Unidad Especializada en trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes Nº 1 del Ministerio Público de la República de Paraguay, a cargo de la Fiscal Teresa Martínez, para cooperar en la búsqueda del paradero de las menores, de quienes en ese momento se desconocía dónde estaban.
A raíz de las labores realizadas por la Procuraduría de Trata, se arribó a una línea investigativa según la cual éstas podrían estar siendo explotadas en un domicilio de la jurisdicción de la justicia federal de Campana. Lo que permitió que, una vez judicializadas las actuaciones, las jóvenes fueran finalmente encontradas.
El Tribunal alegó que quedó comprobado que Dos Santos "facilitó la permanencia ilegal de las niñas en el territorio argentino, impidiendo que regularizaran su permanencia como extranjeras, mediante su ocultación y la retención de su documentación original; contra su voluntad y con el fin de obtener beneficio propio".
Por su parte, la mujer de Dos Santo se encuentra detenida en Paraguay, donde será juzgada.
El Fiscal Ad Hoc, Guillermo Silva, consideró en su alegato que el delito de trata concurría en forma real con el de reducción a la servidumbre y con dos delitos migratorios y pidió una pena de 17 años de prisión.
"En la sentencia, que aún no adquirió firmeza, se valoraron los hechos probados que perjudicaron a las niñas, pero los jueces tuvieron otros criterios en cuanto a la calificación y la pena", resaltó en diálogo con Fiscales.
"Fue muy valioso el trabajo que hicieron con las niñas víctimas las funcionarias de la entonces Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que declararon en el juicio", concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal.
