La Ordenanza Nº 5792 del año 2011 aprobó un régimen de regularización del uso de agroquímicos con un límite de 1.000 metros desde la zonas periurbanas ya tiene dos años de vigencia.
Sin embargo, la realidad indica que la misma y su contenido no es aceptada por el conjunto de los actores involucrados, ya que provocó que ciudadanos de Campana que se sintieron afectados por su contenido, solicitaran a la justicia la suspensión de su aplicación para considerar su contenido inconstitucional. De esa manera, intervino la justicia ysuspendió la aplicación de la norma mediante una medida cautelar, estableció un nuevo límite muy inferior al previsto en la Ordenanza en formaunilateral.
En ese sentido, la decisión judicial sólo beneficia a un sector, al más poderoso, el cual tiene el poder económico para acceder a la justicia y conseguir asesoramientos e influencias.
Actualmente se está intentando reestablecer el límite previsto en la ordenanza aprobada por consenso en el año 2011.
Los problemas que trae aparejado esta regulación son dos; por un lado, la salud de los vecinos que viven cerca de los lugares donde se cosecha y se utilizan agroquímicos; y por otro lado, los productores rurales más chicos que ven afectados la posibilidad de explotar sus tierras por la poca extensión territorial de sus tierras.
En definitiva, siempre estuvimos presentes y seguiremos estando, junto al reclamo de los vecinos que solicitan eliminar el riesgo de la utilización de estos productos agroquímicos cerca de sus viviendas. Es decir que siempre voy a privilegiar garantizar la salud y la vida de nuestros vecinos por sobre todas las cosas.
Más allá de esa postura personal, también me parece importante evitar que las decisiones políticas que tomemos en el HCD y en nuestra ciudad perduren en el tiempo, y que no sean modificadas o suspendidas por parte del poder judicial, porque eso hará perder confianza.
En esa inteligencia, desde el bloque de la UCR presentamos en la última sesión una modificación a la Ordenanza 5792/2011 para lograr de esa manera dar apertura a un debate y una discusión con las partes involucradas en el seno del HCD que permita alcanzar un consenso sobre los lugares donde puede realizarse la explotación rural, pero fundamentalmente también para que, mediante organismos especializados, asesores, y todas las consultas necesarias se pueda conocer cual es el riesgo a la salud que existe con la utilización de éstos agroquímicos, cual es el límite mínimo que debe existir entre una zona de reserva ambiental o zona periurbana para poder utilizar estos productos sin poner en riesgo la salud de ningún habitante.
Es importante que en esa definición participen todos los involucrados, vecinos de las zonas donde se practica, como así también los productores interesados, porque un acuerdo entre éstas partes será la que garantizará que la norma que se apruebe sea perdurable en el tiempo y también evitará que sea cuestionada judicialmente por alguna de las partes que crea ver afectados sus derechos.
La existencia de juicios por esta problemática, y los anuncios de más acciones legales contra el Municipio por el mismo tema, hacen necesario una acción por parte del poder político para resolverlo, porque de lo contrario quedaremos a merced de un juez que actúe a pedido de parte interesada.
En mi opinión, el Ejecutivo del Municipio debería haber tomado intervención en este tema hace rato, sentando a las partes intentar encontrar los puntos comunes, pero ante la inacción por parte de nuestros funcionarios, deberemos desde el HCD tomar la iniciativa para ese fin.
