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Opinión:
El derecho a la ciudad
Por Arq. Jorge Bader




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Jorge Bader

En el año 2015 en Quito se llevó a cabo la Conferencia Habitat 3 de Naciones Unidas. Esta conferencia, es una reunión de los Estados miembros de la UN que se celebra cada dos décadas y pone en la mesa los desafíos de las urbanizaciones creando una agenda de cuestiones a resolver en el próximo período, abordando los desafíos de las ciudades, según avanza la cultura y la tecnología.

La conferencia produce documentos variados pero lo más importante es la manifestación de los interrogantes que genera el desarrollo, en nuestro caso particular el de las ciudades intermedias, y las regiones urbanas, que comparten continuidades y discontinuidades territoriales. Si se observa la conferencia del 95 celebrada en Estambul, en aquel momento, los resultados de aquellos debates que giraban en torno a las asimetrías sociales y la desigualdad promovida por las urbanizaciones segmentadas en centro y periferia, podemos concluir que la agenda de soluciones posibles no surtió mucho efecto, ya que en el diagnóstico de esta conferencia se ponen de manifiesto problemas similares y en algunos casos más agudos.

El fenómeno de extensión urbana por la alta valorización de la tierra central y los loteos indiscriminados en la periferia, siguen representando una crisis en el desarrollo de las ciudades y en la concepción más igualitaria desde el punto de vista social. Esto ha generado un duro y triste concepto social generando al parecer ciudadanos de primera y de segunda clase. Barrios periféricos que sufren conflictos de pertenencia, dificultad de accesibilidad, degradación sanitaria, y desatención del poder central, que, aunque en algunos casos se muestra voluntarista, no tiene un plan de contingencias para establecer las prioridades operativas, para ir resolviendo en el tiempo la alta conflictividad que surge de la dispersión urbana.

La improvisación en la solución de los problemas urbanos parece ser un denominador común en la mayor parte de las ciudades intermedias en Latinoamérica. Y la crisis no es presupuestaria sino de inteligencia aplicada.

Tal como lo explica Joan Clos, Médico español, miembro del PSOE, y ex alcalde de Barcelona, "El planeamiento y el marco regulatorio es crucial en el crecimiento de las ciudades. La urbanización es un proceso que no hay que incentivar, sino ordenar", asegura Joan Clos. "Los Estados deben redistribuir la riqueza que genera la urbanización, ya que el sector privado no sabe hacer ciudades". Uno de los problemas con los que se topa este planteo, según el propio secretario de la Conferencia Habitat III de Quito, es que en muchos de los lugares donde las urbes están creciendo más rápido, los Estados son muy débiles.

En los últimos 30 años las ciudades crecieron más que nunca antes y, en los próximos 30, lo harán todavía más que en los anteriores. En el año 2005 se publicó un documento emblemático para la planificación urbana, la Carta mundial del derecho a la Ciudad. En los antecedentes de este documento, se expresa "que las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos"….. por ello, y "desde entonces, un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables, están construyendo una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras ciudades". Como resultado de este trabajo finalmente en el 2004 en el Foro social de las Américas se dio la Carta mundial, un documento extenso y sin desperdicio que en su artículo 2 propone, "El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavore-cidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado".

El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos. Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y la cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes".

El desafío de los líderes locales, es el de saber leer la problemática urbana y segmentar las soluciones entre las acciones de coyuntura y la planificación de mediano y largo plazo para garantizar en el tiempo la sustentabilidad de este derecho a la ciudad a los habitantes urbanos.

Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015


 

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