Según estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solamente en CABA y GBA, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 28 de febrero de 2019 fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad y policiales, 550 personas desarmadas.
Si miramos todo el territorio argentino, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señala que durante el gobierno de Néstor Kirchner 994 personas, desarmadas, fueron víctimas del mismo delito. En los 8 años de Cristina Kirchner 2664, y en los 3 primeros años de Mauricio Macri 1303.
Entonces, sin importar el color político de turno, es dable sospechar que la Violencia Institucional en la Argentina es otro problema estructural al que los distintos gobiernos no han dado respuesta.
En los últimos días hemos visto como de distintos sectores políticos se ha dado un debate alrededor del tema, motivados en la desaparición y posterior asesinato por parte de fuerzas policiales de Tucumán de que fuera víctima el trabajador rural Luis Espinoza y la violenta represión policial sobre una familia Quom del Chaco.
En mi caso personal recibí no pocas críticas de seguidores de Cambiemos cuando reclamé públicamente la investigación de la posible desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en medio de una represión de Gendarmería Nacional; el homicidio del mapuche Rafael Nahuel, en un operativo de la misma fuerza; o el fusilamiento por la espalda llevado a cabo por el policía Luis Chocobar. También, es cierto, en esas oportunidades recibí la adhesión de personas fuertemente opositoras al gobierno macrista.
Lamentablemente, muchos de los que batían el parche por los hechos de violencia institucional durante el anterior gobierno, poco y nada han dicho de los hechos gravísimos ocurridos en Tucumán y Chaco y, por otro lado, quienes guardaron cobarde silencio ante violaciones a los derechos más elementales ocurridos en el gobierno de Mauricio Macri, se acuerdan hoy de reclamar por estas violaciones.
La defensa de los derechos inalienables de las personas no puede ser moneda de cambio de la pelea política partidaria. Quienes así lo hacen, banalizan una lucha del humanismo que ha llevado siglos y vidas, y que en nuestra patria tiene un significado especial, más aún luego del Terrorismo de Estado que sufrimos particularmente en la década de 1970.
Mientras algunos solo se escandalizan de las violaciones a los DD.HH. de gobiernos a los que combaten, pero callan cuando el hecho lo lleva a cabo el Estado en manos del partido que defienden, otros sólo pretendemos que se respete la dignidad humana más allá de cualquier posición político partidaria.
De todos modos también debo decir, pues si no sería injusto, que a ambos lados de esa grieta, ha habido quienes han sido coherentes en defender la integridad humana, más allá de su pensamiento político.
Una de las mayores deudas de nuestra democracia es la de construir un Sistema de Seguridad fuertemente imbuido de conductas y procederes que respeten los más elementales derechos de las personas.
Creo que nunca es tarde para repensar nuestra posición, pues en estos casos la denuncia y la generación de conciencia son el punto de partida para revertir este grave problema.
Alberto Giordanelli - Espacio de Pensamiento Alfonsinista
