En las últimas semanas mucho se habló sobre la situación de la empresa, y su
intervención o expropiación por parte del gobierno.
En primer lugar, creo que hay que despejar la cuestión ideológica de la seguridad jurídica de nuestro país; porque ningún argumento político por más válidos que sea, puede ser utilizado para transgredir la Constitución Nacional y avasallar los derechos y garantías que hace ya más de 200 años aseguraron los fundadores de nuestra nación a todos los habitantes de nuestro país.
En segundo lugar, luego de despejar la cuestión ideológica podremos analizar la actuación legal de las autoridades del país y de la empresa sobre este asunto, y podremos analizar más profundamente las responsabilidades de cada quien; porque si hay algo seguro -también en este asunto- es que todos tienen alguna cuestión sobre la que brindar respuestas más claras.
En relación a la cuestión ideológica, me considero un progresista y socialdemócrata, que defiende los intereses de los sectores más débiles sobre los más privilegiados o poderosos, buscando equilibrar las diferencias que surgen de la propia libertad que todos luchamos por garantizar, mediante la mejor distribución de las riquezas de nuestro país. En ese sentido, la intervención estatal en el mercado es algo necesario, ya sea con empresas propias del Estado o a través de normas que controlen el accionar de los privados para evitar abusos, monopolios que generen distribuciones inequitativas.
Entonces, ideológicamente, una propuesta de intervención estatal en el mercado debe tener -mínimamente- una declaración del Congreso porque somos una República Federal y el Poder Legislativo es quien ejerce la representación del pueblo y las provincias de nuestro país. Políticamente la intervención individual a través del Poder Ejecutivo de una empresa privada y la expropiación a través de un Decreto no es más que un signo de autoritarismo que por suerte el Presidente está resistiendo dentro de su propio Frente político como puede, según mi percepción.
Por su parte,es importante destacar que la existencia de deuda por parte de la empresa, tampoco es un justificativo político válido para expropiar o intervenir una empresa privada, sino que es una relación del derecho privado y aún cuando una de las partes sea el Estado -a través del Banco Nación-, su tratamiento legal es similar a las deudas entre dos particulares; con lo cual usar ese justificativo para una expropiación o intervención es mezclar lo ideológico o político con lo legal y perjudicar la seguridad jurídica que debe existir en nuestro país para darle previsibilidad a sus habitantes.
También desde lo ideológico, creo que sería bueno que el Estado tenga una participación en el sector rural para poder controlar la liquidación de divisas tan necesaria en momentos difíciles de la economía, o para controlar la tributación como también evitar abusos en los precios que se le pagan a pequeños y medianos productores por parte de las grandes empresas exportadoras; sin embargo, para tal fin, el Estado debería crear una propia empresa desde cero y competir con los privados existentes. Así fue como el radicalismo en su momento creó YPF; pero no tomó una empresa de particulares ya existente -avasallando la propiedad privada- sino que la creó desde cero. Hay una gran diferencia. Arturo Illia también reguló a través de la Ley 16.462 y 16.463 la ley de medicamentos determinando precios fijos y considerándolos un bien público para evitar que sea un producto comercial regulado sólo por oferta y demanda (porque encarecía mucho el valor de los medicamentos), pero no se quedó con los laboratorios. También Illia pesificó todos los contratos petroleros que eran en dólares pero no se quedó con las compañías petroleras.
En definitiva, si el progresismo o socialdemocracia llega al poder en una democracia con la vigencia de una Constitución Nacional, ningún argumento ideológico puede alejarlo de los límites que la democracia y la Constitución Nacional le imponen. Cualquier reforma debe seguir los procedimientos de reforma allí establecidos. Distinto el caso de una revolución, donde se accede al poder por la fuerza, y allí ya las reglas las impone el dictador.
En relación a la cuestión legal de la empresa y de la intervención o expropiación. La cuestión no es muy difícil cuando se separa de la cuestión política. La deuda no es un argumento legal para permitir la intervención y expropiación de la empresa. Nuestra Constitución exige una declaración de utilidad pública por el Congreso para comenzar una expropiación, cuestión que nunca sucedió hasta el momento; y la intervención también debe requerir una decisión del Congreso para no ser autoritaria.
Por su parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia debe válidamente demostrar que resultó imposible darle el tratamiento legislativo previsto en la Constitución para que el DNU sea válido, cuestión que tampoco es justificable porque ambas Cámaras están funcionando.
Ya se explicó también que la deuda de cualquier empresa no puede ser un argumento legal para intervenir o expropiar, nuestra legislación ya prevé un mecanismo del ámbito privado que se aplica para las empresas o particulares con deudas que se llama Concurso y Quiebras. Así, Vicentín ya estaba en concurso ante un juez, y por lo tanto, cualquier investigación sobre la legalidad del otorgamiento del crédito como del destino de los fondos del crédito, deben denunciarse ante el juez que corresponda; y así se logrará sancionar a la empresa, a sus directivos, y a los funcionarios públicos que intervinieron en el otorgamiento según su responsabilidad.
Es importante destacar que además, existiendo un concurso preventivo de la empresa; el Estado a través de su poder judicial ya está interviniendo en la regularización de la empresa. Porque en los gobiernos autoritarios o presidencialistas, se creen que el Estado está enfocado solamente en el Presidente o máxima autoridad ejecutiva; cuando en realidad el Estado lo forman los tres poderes que se distribuyen todo el poder para evitar la concentración ante personalidades autoritarias. Es decir, que si la preocupación del Gobierno es la deuda que posee con el Estado, el juez o síndico que interviene y el abogado del Estado que representa al Banco Nación ya están defendiendo los intereses estatales en ese proceso.
En realidad, si el Estado pretende adquirir dicha empresa en riesgo de quiebra deberá esperar al momento procesal oportuno -según el estado del Concurso de la empresa- donde el síndico puede ofrecer la venta parcial o total para cubrir los montos de la deuda no podrían regularizarse.
En definitiva, creo que lo cortés no quita lo valiente; en el sentido que si es "valiente" trabajar desde el poder para distribuir la riqueza, lo "cortés" sería realizarlo dentro del marco de nuestra Constitución Nacional y dentro de las normas que regulan la convivencia; porque de lo contrario, iríamos camino al caos de un país sin Estado de Derecho.
Axel Cantlon - Concejal Unión Vecinal Calixto Dellepiane
