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» Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 21/ago/2020 de La Auténtica Defensa.

La Red de Jueces Penales de la Provincia pide derogar la Ley 13.392




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Se trata de la adhesión que la provincia de Buenos Aires promulgó para asumir competencia en la represión del narco-menudeo. Lo hizo a través de un documento titulado "Deteniendo microvendedores no se ataca al narcotráfico".

Luego de su denuncia de "colapso penitenciario", la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires difundió ayer un documento en el que solicita la derogación de la Ley de adhesión que la Provincia promulgó para asumir competencia en la represión del narco-menudeo (Ley 13.392, sancionada el 2 de diciembre de 2005) como acción para "paliar la actual coyuntura" del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El documento, igualmente, ofrece también otros argumentos para la derogación de la Ley. Fue titulado "Deteniendo microvendedores no se ataca al narcotráfico" y señala que "la persecución de los vendedores de droga al menudeo determinó la disposición de cuantiosos recursos humanos y materiales, con destino a un objetivo que resultó fracasado por insostenible e ineficaz".

Para la Red, "los cuantiosos recursos utilizados" no generaron "ninguna mejora" y ni se ha verificado "el cumplimiento de objetivo alguno". Además, el documento indica que en el año 2018, el 65% de las más de 60 mil investigaciones penales preparatorias resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes. Y que más del 33% estaba referida a "simples tenencias". A raíz de esta situación, según marca la Red, se han producido "visibles" consecuencias negativas en el sistema de justicia penal provincial.

El texto difundido ayer remarca que la Ley de adhesión es "insostenible", además, "porque la aprehensión de los vendedores de pequeñas cantidades de droga ya ha generado un masivo encarcelamiento a nivel provincial" en un contexto de "sobrepoblación y hacinamiento" del SPB. Y revela que la tasa de detención actual es récord histórico: 336 personas detenidas cada 100 mil habitantes, cuando en 2006, ese índice era de 139 cada 100 mil. Incluso cita datos del Registro Único de Detenidos de la PBA, que informó que, a fines de 2019, el 13,9% de las personas privadas de libertad en la provincia lo estaban por delitos relacionados a la Ley de estupefacientes.

Finalmente, la Red da cuenta de la "ineficacia" del sistema al afirmar que los "cuantiosos gastos derivados a reprimir al narcotráfico nunca podrán tener éxito, pues apuntan al sector más fungible de la actividad" y remarca que "la detención masiva de personas no haya derivado en una mejora de la situación responde a un mal enfoque político criminal del problema", porque "la persecución del último eslabón de las bandas narco-criminales nunca puede desmantelar su organización".

En el final del documento que lleva la firma del Presidente de la Red, Mario Daniel Caputo, y también el Secretario, Pedro Rodríguez, se reclama que las actuaciones correspondientes al narcomenudeo deben ser "reenviadas a la competencia federal, única autorizada a realizar investigaciones interjurisdiccionales que permitan atacar a la cúspide de este tipo de organizaciones".


SEGÚN LA RED, POR LA LEY PROVINCIAL DE ADHESIÓN SE HAN PRODUCIDO "VISIBLES" CONSECUENCIAS NEGATIVAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL BONAERENSE.


LA RED TAMBIÉN ADVIRTIÓ POR LA SUPERPOBLACIÓN EN DEPENDENCIAS POLICIALES

"Representa una verdadera catástrofe, una crisis humanitaria de una magnitud que no conoce precedentes", señaló en un texto difundido días atrás. En la Departamental Zárate-Campana, la situación es muy grave en Escobar, dado que es el único partido con posibilidad de alojar detenidos masculinos.

Días antes del documento que solicita la derogación de la Ley de adhesión 13.392, en cuanto a la competencia provincial en las investigaciones de narcomenudeo, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires difundió un informe para "dar a conocer la situación de extrema gravedad que representa el encarcelamiento en comisarías y dependencias policiales" del territorio bonaerense; situación que se ha agravado a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"Según la información confiable de la que disponemos y hacemos pública, la gravísima realidad de superpoblación que afecta a las dependencias policiales provinciales representa una verdadera catástrofe, una crisis humanitaria de una magnitud que no conoce precedentes", señala el texto.

"En efecto, en la fecha, hay 5.474 detenidos alojados en condiciones deplorables de infrahumanidad, en los establecimientos dependientes del Ministerio de Seguridad. Esa cantidad, por sí sola escalofriante, equivale -por ejemplo- a ocho unidades penitenciarias como la UP N° 21 de Campana, con capacidad máxima para 690 detenidos", detalla. Y luego agrega: "Muy a menudo, ese nivel de hacinamiento se ve notoriamente agravado por las deplorables condiciones edilicias".

Según la información difundida por la Red, en la Departamental Zárate-Campana habría 57 detenidos en comisarías, cuando solamente hay cupo para 26, en su mayoría en el partido de Escobar. De hecho, en un relevamiento realizado por El Día de Escobar, la sobreocupación en las dependencias policiales de dicho municipio sería del 300% (habría 50 detenidos cuando solo hay capacidad para 17).

En nuestra ciudad, la Comisaría de la calle Rawson solo está alojando mujeres detenidas y tendría su cupo de cinco completo; mientras que en la Delegación Alto Los Cardales, la ocupación sería de 50% (2 de 4).


LA INFORMACIÓN QUE REVELÓ LA RED DE JUECES PENALES RESPECTO A LAS DIFERENTES DEPARTAMENTALES.

 

La Red de Jueces Penales de la Provincia pide derogar la Ley 13.392
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