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sábado, 06/mar/2021 - 11:09
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» Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/feb/2021 de La Auténtica Defensa.

Opinión:
Centralidad y rebelión
Por Arq. Jorge Bader




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Jorge Bader

Los modelos centrales de gestión territorial están en crisis.

La planificación urbana u ordenamiento territorial puede ser definida de numerosas maneras y de acuerdo a diferentes grados de complejidad. En la concepción clásica, la planificación urbana está relacionada con el rol del Estado, en sus diferentes niveles, para intervenir en el diseño, administración y mantenimiento de ciudades. Este proceso tiene en cuenta directrices sobre el crecimiento de los asentamientos humanos, sus funciones y los instrumentos para ordenar la dinámica urbana.

Así, desde el sector público, está considerada como una actividad regulatoria, burocrática y relacionada con procedimientos según las teorías más convencionales del planeamiento. Sin embargo, desde una visión más amplia, no solamente el Estado interviene en la planificación urbana, sino también el sector privado y la sociedad civil. Como ejemplo es innegable que la imagen de la ciudad se nutre de la calidad de sus proyectos privados además de las intervenciones públicas. Esto nos permite entender que la planificación urbana es un proceso dual donde la cuestión no se resume exclusivamente a regulaciones y legislación.

Muchas provincias argentinas así lo han entendido y los procedimientos de generación de proyectos urbanos o desarrollo de ciudades parten de la hipótesis de la autarquía territorial en los municipios y el libre albedrío de las administraciones locales para generar sus propios sistemas de control y desarrollo.

La mayor parte de la legislación sobre el territorio en esas provincias es de carácter general y las particularidades se sustancian en los municipios o departamentos según sea el sistema jurídico de administración pública.

Un tiempo atrás comenté sobre el sistema legal de planificación territorial de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Para los teóricos de lo que podemos llamar la escuela pragmática del Planeamiento, la planificación urbana es, sin lugar a dudas, una actividad política basada en una alianza entre profesionales, decisores administrativos y políticos, y sociedad involucrada. Esto plantea una suerte de visión horizontal de la planificación donde los actores necesariamente deben encontrarse en estructuras de debate poniendo de manifiesto sus intereses a veces convergentes y a veces contrapuestos. La madurez necesaria en la sociedad para ejercer estos debates es un tema central para que no se transforme simplemente en una puja interminable de poderes contrapuestos que sólo acrecientan las crisis sociales.

Democracias muy evolucionadas ponen en marcha innumerables ejemplos de foros sociales de análisis territorial. Difícil para nuestra cultura donde todo se dirime, como en las pasiones deportivas, en una contraposición de fanatismos a veces irreconciliables. Por eso al parecer venimos arrastrando la historia de una planificación verti-calista que tiene su origen en la fuerte presencia de la Ley de Uso del Suelo, y los complejos sistemas de regulación central que la administración provincial, impone a los municipios. Esto presume una actitud de carácter pater-nalista y dominante, ya que todas las decisiones necesariamente deben terminar en alguna convalidación o permiso provincial lo cual le quita margen de maniobra a las decisiones locales y hace más lento y burocrático el desarrollo.

El Estado nacional en principio concentraba la mayor parte de las decisiones y recursos. Con el tiempo y conforme a un proceso de derivación de responsabilidades se generaron transferencias de gestión y áreas de administración conjunta. La provincia fue tomando más ámbitos propios y luego derivó algunas de las cuestiones territoriales pero esa incipiente horizontalidad se cortó en épocas del gobierno militar y la fuerte centralidad en las decisiones quedó como un signo de los últimos 40 años donde necesariamente la Ley de Uso del Suelo y las regulaciones crecientes dominan el espectro de decisiones territoriales y limitan el margen de maniobra de los municipios.

En una provincia extensa donde las situaciones del sector metropolitano son diferentes a las del tercer cordón y mucho más diferentes de los sectores mediterráneos, las legislaciones y regulaciones centrales únicas son una cuestión altamente observable. A priori no parece muy lógico que la responsabilidad en la creación de ciudad se haga en función de marcos de referencia generales, únicos y homogéneos, donde los intereses y particularidades son tan diferentes. Sobre todo, en atención a que habitualmente se declama que los gobiernos municipales son los verdaderos protagonistas de la dinámica territorial.

En muchas provincias del interior el Estado sólo actúa como coordinador de políticas regionales en función de los intereses de gestión económica provincial dejando libertad de acción a los municipios en sus decisiones administrativas edilicias o de planificación física. La concepción regional es un rol indelegable de los estados provinciales ya que obedece a una visión macro del desarrollo de su territorio.

De esa forma las legislaciones regionales solo se constituyen en un marco de referencia y no en una camisa de fuerza para las decisiones municipales. En ese contexto el rol de los municipios deja de ser pasivo y receptor de políticas públicas centralizadas para transformarse en un responsable activo de los proyectos urbanos y la gestión privada.

La provincia de Buenos Aires se resiste a entender este criterio a pesar de la rebelión de muchos municipios del interior, que en zona rurales no tienen códigos de planeamiento convalidados y hacen un manejo más discrecional de su suelo urbano. Esa rebelión silenciosa sólo pone de manifiesto que el modelo de administración central está en crisis y que es imprescindible dar un debate de las nuevas estrategias de gestión provincial.


Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015


 

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