Las olas de calor, las olas de COVID y las idas y vueltas en una empantanosa negociación con el FMI marcaron un inicio de año de gran cautela para el gobierno. En el plano local, a comienzos de mes el ministro Guzmán y el propio presidente mantuvieron una reunión con gobernadores, vices y ministros en donde blanquearon un punto de desacuerdo con Washington: el sendero de ajuste fiscal al que se comprometerá Argentina. El ministro quiere alcanzar el equilibrio en 2027 y un rojo fiscal de -3% del PIB este año mientras el Fondo pugna por un déficit cero en 2024 y otro de -2,5% del PIB en 2022 (al tipo de cambio oficial previsto en el Presupuesto desaprobado la diferencia en las cuentas de este año es de nada menos que unos USD 23.000 millones). El quiebre político dentro de la oposición que marcó esa disposición al diálogo del gobierno conocerá un nuevo capítulo la semana entrante cuando funcionarios se reúnan con los gobernadores de JxC.
En el terreno internacional también se reconocen distintas aguas: un ala más dialoguista sería encarnada por el secretario de Estado, Antony Blinken, con quien el canciller Santiago Cafiero se reunirá en su viaje al país del norte entre el 17 y 20 de enero. Una postura más dura en la negociación por el préstamo pendiente de pago es la del Departamento del Tesoro, entre sus representantes está David Lipton. Otros temas que abordará el canciller en Washington están vinculados con la seguridad y la política internacional que mantendrá nuestro país, aún no hay reunión confirmada con el asesor presidencial Jake Sullivan.
Tampoco hay confirmaciones de un "Plan B" en caso que no se llegue a un acuerdo con el FMI. Algunos periodistas hablan de una "obsesión" en el gobierno en torno al tema. Y otros analistas afirman que el potencial acuerdo se postergaría más allá de marzo, cuando vencen unos USD 3.000 millones con el organismo (que podríamos no pagar y entrar en un atraso o "arrears"). Las consecuencias de un no-acuerdo son el racionamiento del crédito externo para empresas locales y también para el gobierno a quien le cancelarían potenciales líneas los bancos u organismos multilaterales, otras operaciones de exportación o inversión extranjera también podrían verse suspendidas y además se cargarían punitorios extra. Habría consecuencias sobre el empleo, el crecimiento y la brecha cambiaria que repercutirían sobre el dólar oficial y la inflación, etc.
Los dólares que hay en el Banco Central no alcanzan para pagar al Fondo: sin acuerdo vencen este año USD 19.000 millones y USD 20.000 millones en 2023. Las reservas brutas en el BCRA ascienden a USD 39.200 millones pero están compuestas por un pool de activos que en parte no son divisas líquidas utilizables, por eso se habla de las reservas netas (que contemplan oro y DEGs) las cuales rondan los USD 4.000 millones a la actualidad y de las líquidas (el cash presente) que son un poquito menores.
Se conoció el índice de inflación de diciembre pasado que saltó al 3,8% mensual castigado por las subas en alimentos (destacándose la carne nuevamente y por el efecto navideño que dejó corto al programa de cortes populares hasta cierto pesaje), en restaurantes y turismo y en el transporte (influido por el precio de los vehículos 0km y las tarifas de transporte públicos). Otra suba destacada fue en el rubro de cigarrillos. La marca fue de 51% para el cierre anual y las proyecciones para este caluroso 2022 no son nada optimistas: el IPC podría ubicarse en el rango del 60% si -bajo el marco de un acuerdo con el FMI- se descongelan precios como el dólar oficial y las tarifas de los servicios públicos. El acuerdo con el Fondo es tan malo como bueno. La creatividad de la política pública, amparada en una imagen (compartida) de que el problema de la inflación es multicausal, deberá ser tenaz si realmente es prioridad devolver tranquilidad y calidad de vida a la gente.
