La mano del FMI comienza a hacerse visible en algunos detalles como la aceleración del ritmo de devaluación cambiaria y la decisión del gobierno de avanzar en el recorte a los subsidios energéticos. En paralelo, la posibilidad de un "acuerdo definitivo lo más rápido posible" sumó esas palabras de apoyo del vocero Gerry Rice en la rueda semanal de prensa del FMI y, dentro de la oposición política interna, Juntos por el Cambio anticipó que acompañará el acuerdo en el Congreso (coincidieron los líderes de los partidos mayoritarios: PRO, UCR y CC) pero no tolerará suba de impuestos. Así, el acuerdo definido a nivel de staff del Fondo podría alcanzar los votos mayoritarios en el Congreso para luego signar el aval del board del organismo.
En la segunda semana de febrero el dólar oficial registró la mayor suba en más de un año, en la punta vendedora subió $ 0,74 centavos hasta los $ 106,15 lo cual arroja un aumento del 2,4% mensual versus otro del 1,5% en la primera semana del mes. El shock devaluatorio parece querer evitarse y a cambio asestar una suba gradual; política que contradice al sendero de aumentos mínimos registrado el año pasado. Las reservas se encuentran en un nivel límite, la suma de DEGs en agosto pasado sirvió de alivio pero desde entonces se vienen perdiendo unos USD -2.000 millones mensuales promedio. En lo que va de febrero el Central apenas sumó USD 9 millones. Por eso es crucial el acuerdo con el Fondo, para evitar una crisis cambiaria en el corto plazo. Una crisis quizás evitable. Si el acuerdo se alcanza, el Fondo podría devolver unos USD 4.000 millones en marzo y China ampliará el swap de monedas en otros USD 3.000 millones.
También desde comienzos de mes, y con mayor fuerza esta segunda semana, hubieron reclamos de industriales por trabas en el sistema de acceso a las divisas para importar. Sistema que recayó finalmente en AFIP (que a través de la consideración de la "capacidad económica financiera" cada 30 días se habilita o no el acceso al SIMI) luego de haber sido estudiado por el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Desde otros espacios del gobierno la crítica viene a causa de la demora en el control de importaciones los dos últimos años.
Por otro lado, el FMI exige que los subsidios energéticos se reduzcan a la mitad como proporción del PIB (en 2021 alcanzaron unos USD 11.000 millones, es decir 2,3% del PIB). Pero factores coyunturales que perjudican la aritmética: la sequía de comienzos de año obligará a importar más combustible, asimismo aumentarán las compras externas de GNL dado que el abastecimiento del gas proveniente de Bolivia sufrirá recortes y en simultáneo aumentaron los precios internacionales de los combustibles.
Así, el esquema de segmentación planteado por la subsecretaría de Energía Eléctrica dependiente de Federico Basualdo (que apela a unos 500.000 usuarios a los que podría triplicarse) luce insuficiente para lograr un ahorro de magnitud, que deberá rondar entre 0,5 y 0,7% (el mencionado apenas alcanza a 0,24% del PIB). Suponiendo que no habrá aumento para un 50% de las familias ubicadas en la base de la pirámide social, los ajustes deberían rondar entre el 150 al 220% para los demás deciles de ingreso según estimaron distintas consultoras.
La tarifa final que abona el usuario se compone de un monto por la generación de energía mayorista, otro por los costos de transporte (Transener y TGN, TGS en el caso del gas) y distribución (Metrogas, EDESUR, EDENOR) y un fragmento destinado a los impuestos y tasas municipales. Abonar la tarifa plena significa todo el costo de generación (actualmente el usuario abona un 35%) y las subas tarifarias serían del orden de las referidas arribas. Las internas persisten y la segmentación aún no está definida.
La discusión sobre los subsidios al transporte y su escaso federalismo exceden a la columna de hoy.
