Buenos Aires (Especial de NA) -- La decisión del Gobierno nacional de universalizar las asignaciones familiares, extendiéndolas a hijos de desocupados y trabajadores informales, es un paso fundamental hacia el quiebre de una de las instituciones distintivas del neoliberalismo: las políticas sociales focalizadas.
Ese enfoque para las políticas fue, durante más de una década, la contracara del ajuste estructural, las privatizaciones, la apertura indiscriminada de la economía y la llamada "desregulación" de los mercados. Según esta concepción, muy promocionada por el Banco Mundial, la prestación social debía estar restringida a un subgrupo específico.
Así, en toda América Latina se implementaron planes sociales para niños con problemas nutricionales en determinadas regiones, otros planes para mujeres en cierta situación o para ancianos en otra.
De acuerdo con este enfoque, el subgrupo al que va dirigida la prestación se define por alguna característica relacionada con una situación de privación.
Y para acceder a la asistencia el sujeto tenía que demostrar que la necesitaba.
De esa forma, uno de las grandes falencias de las políticas focalizadas fue su ineficacia: por un lado, los fondos previstos solían no alcanzar ni siquiera para todo la población a la que preveía llegar.
Pero además, por su diseño de "precisión" podía suceder que el beneficio llegara a una familia, pero no a otra, vecina del mismo barrio, que estaba en la misma situación.
Un punto adicional muy cuestionado: las políticas focalizadas son muy costosas porque se requiere de un verdadero ejército de empleados, funcionarios y consultores para determinar qué persona debe recibir el beneficio y cuál no.
Por cada peso destinado a un programa de ese tipo, en muchos casos sólo algunos centavos llegaban a los beneficiarios.
El decreto de extensión de las asignaciones familiares firmado esta semana por la presidenta Cristina Kirchner tiene otra lógica.
Se dirá que no es "universal" porque se dirige a hijos de desocupados o de trabajadores informales "pobres".
En los hechos, la posibilidad de demostrar esa condición, sostienen en el Gobierno, se hará de una forma tan simple que alejará al esquema de la "focalización" de los 90: las puertas a los 180 pesos por hijo la abrirán las bases de datos de la ANSeS o una simple declaración jurada que indique que se es un trabajador informal que no percibe el salario mínimo.
Así, la posibilidad de que esta nueva asignación llegue en los hechos a una gran porción de las familias indigentes o pobres del país es mayor que en el caso de los programas "focalizados".
El costo de administración de un programa como el que acaba de plantear la gestión de Cristina Kirchner es también menor: se monta sobre una estructura existente, la de la ANSeS, y no requiere de asistentes sociales, evaluadores o consultores "ad hoc" con altos salarios, uno de los ingredientes que solían rondar los programas promocionados por el Banco Mundial.
Más allá de la polémica "universal" versus "focalizado", como parámetro para evaluar el anuncio de la presidenta Kirchner puede tomarse la propuesta de la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, que cuenta con el aval de monseñor Jorge Casaretto.
Tras la firma del decreto, desde esa comisión expresaron "satisfacción" ya que la medida, según consideraron, "establece una nueva igualdad de derechos que corrige fuertes inequidades y avanza hacia un sistema de seguridad más justo".
En los papeles, el plan del Gobierno es muy similar al Ingreso BIEN (Ingreso Básico para la Igualdad y la Equidad en la Niñez), que había planteado Casaretto.
Se hablaba de 180 pesos para desocupados y trabajadores en negro pagados a través de la ANSeS.
Según los cálculos de la Iglesia, la idea contemplaba la inyección de 10.200 millones de pesos, un presupuesto casi calcado del que destina el Ejecutivo al nuevo plan.
