Buenos Aires (Especial de NA) -- De avanzarse al ritmo previsto en el pago de la asignación universal por hijo, dirigida a desocupados y trabajadores precarios, 2009 podrá ser recordado como el año en el que se comenzó a poner fin a la indigencia.
Más allá de las polémicas sobre la fuente de financiación del beneficio, funcionarios y analistas privados coinciden en el impacto que tiene la medida.
La ANSeS confirmó que en diciembre se pagaron asignaciones correspondientes a más de 3,5 millones de niños.
La expectativa es llegar a 5,1 millones de beneficiarios, con el plan funcionando en forma completa.
La Asignación prevé el pago de 180 pesos por hijo menor de 18 años, a los padres que no perciban actualmente asignaciones familiares de ANSeS, por estar desempleados o por trabajar en el mercado informal.
En concreto, se paga mensualmente el 80 por ciento de la prestación, mientras que el 20 por ciento restante será abonado cuando se presente la documentación que corrobore la finalización del ciclo lectivo anterior.
Las Provincias, en el Consejo Federal de Educación, ya aprobaron el mecanismo para entregar los certificados de cumplimiento del ciclo escolar.
A la asignación puede sumarse una facilidad extra para obtener más alimentos: algunas grandes cadenas de supermercados brindan a los beneficiarios acceso al crédito.
A los titulares de la asignación les facilitan el doble del primer importe que gasten en esas cadenas.
De acuerdo con un reciente informe del economista Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, la transferencia monetaria anunciada por el Gobierno implica "sacar a casi todos los hogares de la indigencia, además de reducir significativamente los niveles de pobreza".
El especialista destacó que la gestión de Cristina Kirchner pasará de destinar 3.700 millones de pesos a hogares pobres en 2009, a casi 11.000 millones en 2010.
Esto, a su vez, tiene su correlato "económico" en los niveles de actividad.
El secretario de Política Económica, Roberto Feletti, sostuvo que la inversión del Gobierno en la asignación implica medio punto del PBI proyectado al 2010.
De todos modos, a partir de la propensión a consumir de los sectores beneficiados, el impacto concreto en el producto bruto del año próximo sería de más de un punto de crecimiento.
En tanto, se publicaron en medios de prensa algunas informaciones de casos aislados de errores o irregularidades en la liquidación de la asignación por hijo.
La ANSeS informó que de 2,7 millones de liquidaciones realizadas en una primera etapa recibió 177 reclamos, lo que, según destacó "representa un margen de error del 0,006 por mil".
Al respecto, el economista Castiñeira consideró que "hablar de ´clientelismo´ carece de sentido dado que se individualiza al beneficiario, del mismo modo que se individualiza a cada jubilado".
El especialista destacó que el beneficio no es "universal" ya que sólo alcanza a trabajadores pobres o desocupados.
Para avanzar en la universalización total -debe destacarse que los empleados "en blanco" ya cobran asignaciones familiares- se necesitarían 17.400 millones de pesos, señala.
Una fuente de financiamiento podrían ser los subsidios que se pagan a empresas de servicios públicos, que en la actualidad suman 31.000 millones de pesos.
De todos modos, de elegirse tocar esos fondos, habrá que determinar cuál sería el impacto de tal decisión en la distribución del ingreso.
Esos fondos abaratan las tarifas distintos sectores, pero en parte benefician a sectores asalariados.
