Buenos Aires (Especial de NA) -- El reciente informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas marcó dos líneas concretas a seguir por parte del Estado argentino: por un lado, acelerar los juicios a represores, y por otro, encarar una "nueva" agenda de defensa de derechos fundamentales.
El organismo felicitó a la Argentina por los avances en el enjuiciamiento de personas acusadas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Pero, al igual que lo hizo el Gobierno nacional, reclamó celeridad en esos procesos judiciales.
Como se ve, las Naciones Unidas se ubicaron lejos de la absurda pretensión de Eduardo Duhalde, expresada esta semana, de detener las causas por los crímenes de la dictadura.
El avance de los juicios a represores está llegando a un punto clave, sobre todo en la emblemática causa ESMA, juicio que se reanudará el 31 de marzo próximo.
La semana pasada debieron escucharse estremecedoras palabras ante el tribunal de Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta: los represores apuntaron contra el Gobierno, jueces y víctimas del terrorismo de Estado.
Además de ese juicio clave hay en marcha otros siete procesos a represores, en tanto que otros cinco tienen fecha cierta de inicio para las próximas semanas.
Según los datos de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, son en total 82 las causas elevadas a juicio oral por violaciones a los derechos humanos cometidas en la década del 70.
Más allá de esta cuestión, el Comité de Derechos Humanos de la ONU marcó una serie de temas que, una vez finalizados los juicios a represores y avanzado el análisis de las responsabilidades de civiles en la dictadura, deberían pasar a conformar una nueva agenda para el área.
Así, el organismo reiteró la gravedad de la situación de las personas privadas de su libertad en el país y llamó la atención sobre la violencia policial.
Con respecto a la situación carcelaria, la ONU exhortó al Estado argentino a "tomar medidas con celeridad para reducir el número de personas en detención preventiva y el tiempo de su detención en esta situación".
Se trata de una problemática que se vincula con la cuestión de la seguridad y que varias gestiones nacionales y provinciales empeoraron.
En el informe se volvió a alertar sobre la situación de personas detenidas en comisarías.
Por otra parte, advirtió sobre la cantidad de muertes que se registran por prácticas de abortos ilegales.
Pidió al respecto que se "ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas".
Otro punto para la "nueva" agenda de derechos humanos debería ser la prevención de la violencia contra las mujeres, a través de la implementación efectiva de una ley sobre esa temática.
La situación de pueblos originarios desalojados de sus tierras también fue abordada en el informe.
