Buenos Aires (Especial de NA) -- La Mesa de Enlace demostró con un "lockout" de "baja intensidad" que el esplendor político del que disfrutó durante 2008 y 2009 quedó en el pasado, aunque al conflicto por el precio del trigo podrían sumarse más disputas de las que el Gobierno deberá tomar nota durante el año electoral.
Las entidades del agro compartieron un acto en Bahía Blanca para reforzar la medida de fuerza que dejó una imagen deslucida, lejos de la envergadura que sus presentaciones tuvieron en años anteriores.
La medida de fuerza mostró además varios pasos en falso: por un lado, trascendió que a pesar del llamado a no comercializar trigo, se vendieron más de 640 mil toneladas del cereal en los primeros días de esta semana.
A eso hay que sumarle las declaraciones del intendente de la localidad cordobesa de Leones, conocida como la "Capital Nacional del Trigo", Fabián Francioni, quien se pronunció en contra del lock-out.
"Buscan posicionarse políticamente", denunció Francioni, al apuntar contra los dirigentes Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria Argentina (FAA) y Carlos Garetto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
Por otra parte, volvieron a evidenciarse las diferencias entre Federación Agraria y el resto de las entidades del sector.
Por segunda vez, la organización que comanda Buzzi hizo una protesta frente a instalaciones de la empresa multinacional Cargill, un formato de protesta con el que el resto de sus socios no concuerdan.
"Claramente tenemos objetivos y formas de pensar distintas", admitió Buzzi con respecto a las otras entidades de la Mesa de Enlace.
Ese matiz se suma a las declaraciones de Buzzi con respecto a las denuncias de "trabajo esclavo" en campos del Norte de la provincia de Buenos Aires.
El ruralista dijo que "tienen que ir en cana" los empleadores de las personas que cumplían tareas en condiciones que la Justicia investiga si se encuadran en el delito de "trata de personas".
Nada parecido afirmaron Biolcati, Llambías o Garetto, muy preocupados por diferenciarse siempre del Gobierno nacional.
En ese marco, el Poder Ejecutivo ha comenzado a tomar nota de que la situación internacional en materia de precios internacionales de alimentos, se asemeja a la de 2008, cuando estalló el gran conflicto agropecuario en la Argentina.
En diciembre pasado, el Indice para los Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), superó por primera vez el pico que había mostrado en junio de 2008 -el mes de más tensión en el marco de las disputas por las retenciones agropecuarias en la Argentina-.
Esto significa, en concreto: el precio más alto de la carne a nivel global desde 1990, y en el caso de los cereales (la FAO toma en cuenta el arroz, el trigo y el maíz), el que tenía en enero de 2008, en los prolegómenos del conflicto con la Mesa de Enlace.
El organismo dependiente de la ONU advirtió: "Los últimos episodios de volatilidad extrema de los precios en los mercados agrícolas mundiales presagian mayores y más frecuentes amenazas a la seguridad alimentaria mundial. Para reducir la vulnerabilidad de los países, las políticas deberían equiparlos para que puedan hacer frente a los efectos adversos de una volatilidad extrema, y mejorar el funcionamiento del mercado".
Así, el precio del trigo en Chicago subió durante toda la semana que duró el lockout patronal en la Argentina.
La cotización pasó de 284 a 302 dólares en tan sólo siete días. ¿Qué sucederá si los precios internacionales siguen subiendo?
¿Aumentará la ansiedad de los productores por ampliar sus ganancias? ¿Se profundizarán los conflictos al interior de las cadenas de valor que incluyen a comercializadores y exportadores? El Gobierno adoptó múltiples medidas para favorecer al sector agropecuario desde hace dos años, las que se profundizaron bajo la gestión del ministro Julián Domínguez.
Si el contexto internacional alcanza y supera la situación "anormal" de 2008, el Poder Ejecutivo tendrá que extremar aún más su cintura política y su pericia técnica de cara a un sector que en su momento ya mostró los "dientes" en términos políticos.
