Buenos Aires, (Especial de NA, por Nicolás Tereschuk) -- "El aumento se viene ya, al menos en gas y electricidad". La frase la pronunció Daniel Scioli el martes 12 de agosto de 2003, en San Miguel de Tucumán, cuando era vicepresidente.
Desde aquel entonces, el tema del monto que mes a mes destinan los argentinos, pero sobre todo los más de 4 millones de hogares de Capital y el Gran Buenos Aires para servicios públicos es motivo de decisión política al más alto nivel del Estado.
A esta altura, la "anécdota política" es conocida: luego de aquel anuncio fallido del entonces vicepresidente en un precoloquio de IDEA, Néstor Kirchner ordenó quitarle toda influencia a Scioli hasta dejarlo sin más resortes de poder que su despacho en el Senado.
Más allá de aquel conflicto, lo que siempre quedó claro durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner es que, al menos en el manejo de la combinación que componen subsidios y tarifas, no hay "decisión técnica" que prime por sobre los tiempos y los modos de la política.
Vale la pena recordar los argumentos que Scioli dio en aquel lejano día de hace más de ocho años para dar por descontado un inminente aumento de tarifas.
"Las subas (del precio) del gas y la electricidad van a venir porque necesitamos inversión para que haya más energía", recitó el entonces vicepresidente, con palabras que serían utilizadas luego una y otra vez por distintos actores políticos y económicos.
A la crisis de 2001 le siguió un congelamiento de las tarifas de servicios públicos que vino de la mano de un movimiento político más amplio.
Es que con la caída de Fernando de la Rúa y el acceso de Eduardo Duhalde al poder, junto con una maxi-devaluación se produjo otro efecto: la salida del sector financiero (bancos y fondos privados de jubilaciones y pensiones, por caso) y empresas de servicios públicos privatizadas del núcleo de empresas más influyentes en términos políticos.
Aquellas compañías habían gozado de un trato muy benévolo por parte del Estado durante la vigencia del régimen de convertibilidad.
Basta repasar algunos datos: mientras que con el "uno a uno" el Indice de Precios Mayoristas se elevó en torno al 15 por ciento, la tarifa residencial de gas registró un incremento promedio de más del 127 por ciento.
Un estudio de 2002 coordinado por el actual director del Banco Nación Matías Kulfas determinó que mientras en 1986 los hogares más pobres del Gran Buenos Aires destinaban un 9 por ciento de sus ingresos al pago de los principales servicios públicos, en 1996 debían destinar un 17 por ciento.
La crisis de 2001 puso "en el freezer" a las empresas de servicios públicos privatizadas y el gobierno de Néstor Kirchner llevó adelante una estrategia que evitara un impacto de las tarifas en los bolsillos de millones de hogares.
Aquellas primeras decisiones políticas, que contradijeron en 2003 los anuncios apresurados de Scioli se dieron en un contexto de alto desempleo, altos niveles de pobreza y de indigencia.
En ese escenario empezaron a destinarse luego los subsidios que financian parte del costo de lo que gasta cada familia en servicios públicos.
En cuanto al sector energético, desde entonces, dirigentes políticos, ex funcionarios y técnicos vinculados a las empresas privatizadas vienen anunciando una crisis de alto impacto que nunca terminó de estallar.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional llevó adelante varias obras para ampliar la infraestructura energética, algunas de las cuales fueron puestas en marcha en los últimos meses, como la central nuclear Atucha II.
Ahora, la cuestión de los subsidios comienza a ser analizada por el Gobierno nacional por otro lado, que tiene que ver con su creciente incidencia en el gasto público en los últimos años.
En la actualidad, estudios privados indican que esas transferencias alcanzan los casi 70.000 millones de pesos por año, lo que implica unas 20 veces más que en 2005.
A eso hay que sumarle la necesidad de revisar criterios de equidad, en momentos en que los niveles de desocupación se han reducido en forma notoria desde la crisis de 2001 y se recuperaron los niveles de consumo en distintos segmentos de la población.
El anuncio de un primer recorte de 600 millones de pesos a algunos sectores "privilegiados" y el inicio de un análisis sector por sector para determinar la viabilidad o no de los subsidios es una medida que sigue la línea "kirchnerista" en la que parecen primar los tiempos y formatos de decisión políticas más que las meramente "técnicas".
Tampoco parece guardar relación este esquema de revisión de los subsidios con la mecánica que los llamados "sinceramientos de tarifas" tenían en el marco de los "planes de ajuste" iniciados con el que Alvaro Alsogaray llevó adelante en los años 60 para "pasar el invierno".
Aquellas subas de tarifas bruscas con congelamiento de niveles salariales tenían como objetivo un inmediato quite de circulación de moneda y una reducción de los niveles de consumo de la población, con el objetivo de "enfriar" los niveles de actividad económica.
La coyuntura actual es distinta: más que un "frenazo" de la economía para reducir las presiones salariales y los niveles de inflación, lo que el Gobierno busca es mantener niveles adecuados de crecimiento económico, que eviten impactos negativos de la crisis financiera internacional.
Resulta difícil vaticinar cuáles serán las decisiones de la comisión creada para revisar el esquema de subsidios, aunque cuesta pensar que el Gobierno vaya a aplicar un plan de acción que enoje a la mayoría de los votantes que ratificaron la continuidad de la actual gestión y la marcha de la economía.
