* especial de NA.
Los conflictos por cuestiones ambientales se multiplican en América Latina y ya comenzaron a ocupar lugares importantes en la agenda pública, así como en las demandas de distintos sectores de la sociedad a los gobiernos. En la Argentina, este año cobraron relevancia las movilizaciones y conflictos sociales por la explotación minera a cielo abierto, con epicentro en las provincias de La Rioja y Catamarca.
Los reclamos de distintos sectores contra la "megaminería" llegaron mediante una movilización multisectorial hasta la Plaza de Mayo. La agencia France Presse destacó hace pocas semanas que situaciones de similar voltaje político y social se viven en Perú, Chile, Panamá, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Ecuador.
Algunos ejemplos citados por el medio de prensa internacional: en Cajamarca, noroeste de Perú, la empresa Yanacoha, contralada por la estadounidense Newmont, apunta a secar cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y trasvasar sus aguas a reservorios artificiales, con una inversión de 4.800 millones de dólares. Allí se registraron violentas protestas que consiguieron frenar el proyecto y las autoridades designaron a peritos extranjeros para evaluar el impacto ambiental.
En Uruguay, la empresa de capital indio Zamin Ferrous avanza desde 2007 para desarrollar un proyecto de extracción de hierro en el centroesre del país. Si se concreta la explotación, que aún no cuenta con la aprobación del Gobierno, implicaría una inversión de tres mil millones de dólares, el desembolso privado más importante en la historia del vecino país. En los últimos años se organizaron varias manifestaciones de protesta por daño ambiental.
Este mes, se conoció hace unos días la decisión del gobierno de Pepe Mujica de pasar la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), que antes era parte del Miniterio de Vivienda, a la órbita de la Presidencia, lo que provocó una polémica pública. En ese caso, la oposición denunció que "el Poder Ejecutivo quiere flexibilizar los requisitos y controles ambientales y sobreponer a ellos otros intereses".
En Ecuador, el presidente de Ecuador Rafael Correa aseguró a fines de 2011 que la explotación de oro "va a sacar de la pobreza" al país. "Vamos a pasar a una nueva era, la era minera", señaló Correa, quien en 2009 aprobó una nueva ley para regular la actividad. Quito negocia con empresas extranjeras los contratos de explotación de cinco proyectos de gran escala. La estrategia derivó en críticas de la Cámara de Minería de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y las autoridades de las provincias amazónicas y andinas en las que se instalarían los emprendimientos mineros.
En ese contexto, tal como publicó hace algunos días la agencia Asociated Press, el gobierno de Ecuador aprobó en enero de 2009 un nuevo marco legal para la minería, que exige a las compañías un estudio de impacto ambiental y autorizaciones de la Secretaría Nacional del Agua y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para poder operar. También se obliga a las empresas a compartir con el Estado el 50% de sus utilidades y entregar regalías anticipadas.
En tanto, en Bolivia, al menos una decena de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos están paralizados por demandas ambientales de pueblos indígenas, especialmente guaraníes. De igual modo, en Brasil, se viene construyendo con impulso del gobierno de Dilma Roussef la represa de Belo Monte, que será la tercera más grande del mundo y que fue criticada con dureza por la organización ambientalista Greenpeace.
La empresa que desarrolla la obra es la gigante minera Vale (la número uno del mundo en explotaciones de hierro). Durante el último Foro de Davos, Greenpeace Suiza declaró a Vale como la peor empresa del mundo en cuanto a respeto al medio ambiente y a los derechos humanos. En Perú, en tanto, se desarrolló la llamada "Marcha por el Agua", que desembocó en Lima luego de ocho días de movilización y con importante repercusión.
El principal objetivo de las organizaciones sociales que llevaron adelante la protesta fue rechazar el proyecto minero aurífero Conga, de capitales en su mayoría norteamericanos, apoyado por el gobierno y que enfrenta fuerte resistencia en la región de Cajamarca. Los manifestantes denunciaron que Conga afectará fuentes de agua vitales para la región. El rumbo que tomarán los distintos conflictos ambientales en el continente aún es incierto y dependerá de la habilidad que muestren los gobiernos para articular distintos intereses en pugna, en momentos en que aún arrecia la crisis financiera internacional.
