¿Cómo se consolidó el actual poder económico en la Argentina? ¿Cuáles fueron sus vínculos con el Estado, tanto en épocas de "intervencionismo" estatal como de avance "neoliberal"? ¿Cuáles fueron los mecanismos por los que se crearon "ámbitos privilegiados" para ciertas empresas y cómo impactó esa situación en el desarrollo del país?
La socióloga Ana Castellani y un equipo de investigadores ofrecen una completa visión sobre ese fenómeno en su libro "Intereses públicos, intereses privados", editado por la Universidad Nacional de San Martín. Para Castellani, "la historia reciente presenta una particularidad desconcertante: durante décadas el Estado transfirió cuantiosos recursos públicos hacia un reducido grupo de grandes firmas a través de múltiples mecanismos, y sin embargo, los resultados generales de estas políticas de fomento a ciertas fracciones del capital consideradas estratégicas para el desarrollo distaron mucho de ser favorables".
Para la socióloga, ya a partir de fines de la década del 60, "el tipo de relación estructural establecida entre el Estado y los empresarios condujo a la conformación de diversos ámbitos privilegiados de acumulación, que al difundirse en forma generalizada acrecentaron las restricciones al desarrollo". Castellani destaca que entre 1966 y 1975, "las intervenciones desplegadas" por el Estado "facilitaron el surgimiento de una nueva fracción en el espectro de las grandes firmas locales vinculadas estrechamente con el accionar estatal", entre ellas Acindar, Bridas, Corcemar, Cía Naviera Pérez Companc y Techint.
En ese período se "triplicó el nivel de participación de estas firmas en la generación de ventas totales" entre las cien empresas de mayor facturación del país. La especialista destaca que durante la dictadura militar "las firmas vinculadas directamente con las actividades económicas del Estado fue mucho más favorable que el de las no vinculadas": este grupo generó "más del 50% de las utilidades" del segmento de las mayores empresas del país. El fenómeno no se detuvo durante los primeros años de la democracia: según Castellani, "resulta llamativo que menos firmas vinculadas (al Estado) lograran explicar en 1988 una proporción de las ventas mayor que en 1984", siempre dentro del universo de las compañías de mayor facturación.
Para Castellani, este proceso se consolidó por "todo tipo de estrategias de acción y prácticas de presión desplegadas por los capitalistas sobre diversas instancias del entramado estatal", aunque también por la vigencia de "acuerdos cuasi secretos entre funcionarios y hombres de negocios". Esa situación permitió "la adecuación de los marcos regulatorios a los interese3s de las firmas privadas", así como "el manejo discrecional de los precios, la formación de mercados altamente concentrados y la condonación de multas, entre muchos otros privilegios destinados a generar beneficios extraordinarios".
Se trata de tipos de prácticas que, de acuerdo a esta completa publicación continuó y se profundizó en la etapa de las privatizaciones, durante el gobierno de Carlos Menem. En la investigación coordinada por Castellani y publicada por la UNSAM, Lucas Daniel Iramain realiza una descripción de la "acumulación privilegiada en el sector vial (1976-1981)", en tanto que Esteban Serrani desarolla el proceso registrado "en el sector petrolero (1989-1998)".
Este último capítulo se describen, por ejemplo, con una notoria precisión "las prácticas colusivas público-privadas y entre agentes privados" apoyadas "en la intensa y sostenida circulación público-privada y en la colonización de puestos directivos en la petrolera estatal YPF". De igual modo, Bernadette Califano investiga la "acumulación privilegiada en el sector info-comunicacional" describiendo "la privatización de los canales de televisión abierta 11 y 13 de la Ciudad de Buenos Aires" a partir de 1989.
Allí, Califano concluye que "el proceso licitatorio no estuvo exento de irregularidades, lo que permitió enajenar dos emisoras televisivas de similares características a precios muy distintos y subsidiar a los nuevos licenciatarios por medio de la entrega en comodato de los bienes inmuebles de los canales, permitiendo así que su inversión inicial en el negocio televisivo fuese menor a la que debería haber sido de no existir estas ayudas estatales".
También se plantean las relaciones privilegiadas entre empresarios en su relación con el Estado en el sector pesquero en el período 1989-2001, en un capítulo a cargo de Guillermo Colombo y los cambios estructurales en el "transporte urbano de pasajeros" con las reformas que tuvieron lugar entre 1990 y 2003. El trabajo de Castellani y su equipo, sobre las últimas décadas del Siglo XX y la primera del actual, significa un aporte para analizar la situación económica reciente y los debates que el país aún debe encarar en cuanto a la concentración económica en distintos mercados.
Además, implica una lectura obligatoria para quienes apunten a pensar y debatir cuáles deben ser las políticas de regulación, control y fomento de la competencia más adecuadas para impulsar un desarrollo equitativo en el país.
