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» Este artículo corresponde a la Edición del martes, 25/jul/2006 de La Auténtica Defensa.

Tsunami económico, intemperancia política




PAISAJES IDEALES PARA DISFRUTAR LO MEJOR DEL TURISMO EN MOTOS DE ALTA GAMA

Buenos Aires (por Pepe Eliaschev, especial para NA) -- Es un tsunami de buenas noticias. Tantas y tan buenas que llenan de desconcierto. Basta con encolumnarlas.

La economía argentina cumplió ya 42 meses consecutivos de mejoras interanuales, 1260 días durante los cuales cada fin de mes se registraron valores superiores al mismo período del año anterior. Al finalizar mayo, la economía argentina "cabalga" al ocho ciento por anual, el doble de lo previsto oficialmente al comenzar 2006.

No todo es soja y commodities. El sector industrial aumentó 8.9 por ciento en junio respecto del mismo mes de 2005 y en el primer semestre de este año el aumento fabril impresiona: 7.4 por ciento.

Mientras la economía crece de modo indómito y en casi todos los frentes, los números fiscales siguen siendo muy buenos. El superávit primario, que se evalúa restando los gastos a los ingresos, antes de los pagos por deuda, totalizó 2243,2 millones de pesos en junio, un aumento del 24,5 por ciento respecto de dicho superávit en el mismo mes de 2005.

Si se considera el superávit fiscal primario de todo el primer semestre de este año, que asciende a 12.589 millones de pesos, el aumento sobre el mismo período de 2005 es más moderado, ocho por ciento, pero igualmente meritorio. Consultoras privadas estiman que el Gobierno cerrará 2006 con un superávit de 23.000 millones de pesos.

En los cenáculos empresarios prevalece la estrategia de expresar satisfacción ante las políticas oficiales. El presidente del Coloquio de IDEA, Enrique Pescarmona, lo dijo sin rubores esta semana en Pilar ante 200 cuadros corporativos: "Creo que este Gobierno hace buenas cosas por los empresarios". Él, por de pronto, tiene razones para decirlo: su empresa IMPSA le vendió a Venezuela maquinarias e insumos industriales después de una gestión puntual del Presidente ante Hugo Chávez.

La apuesta oficial al relanzamiento ferroviario registra cifras elocuentes. En los talleres ferroviarios, identificados por el Gobierno como símbolo de un nuevo curso económico nacional, la dotación de trabajadores pasó de 525 en 2003 a 1621 actualmente, a la vez que las inversiones ferroviarias del Estado pasaron de 102 millones de pesos en 2004, a 382.4 millones en 2005 y a 1646 millones este año, sin contar los ya asignados presupuestos para el tren "bala", el soterramiento de las vías del ex ferrocarril Sarmiento y la circunvalación de Rosario.

Amilanada ante los controles oficiales, la inflación se comporta mejor de lo esperado, aunque haya pérdida de rentabilidad empresaria. El informe del Banco Central maneja, al comenzar la segunda mitad del año, una hipótesis de 11.4 por ciento de aumento de los precios para 2006.

Tantos indicadores luminosos y tan evidentes son elementos de juicio contundentes. Roberto Lavagna, que se prepara para ser candidato presidencial en 2007, lo ha proclamado sin tartamudeos: la situación de la economía argentina, a la que describe como "sólida", atraviesa una fase "excepcional".

¿Cuál es el problema, entonces? Es una pregunta cándida, que abre a respuestas diversas y contradictorias. Pero algo sobresale en medio de un panorama de positividad material como la Argentina no conocía hace mucho: mientras los indicadores describen curvas en ascenso y conquistas económicas ostensiblemente afirmativas, el Gobierno no afloja nada su modo de ser, áspero, exasperado, hostil y verbalmente agresivo. Esta semana fue el turno de la comunidad judía, 12 años después de la siempre impune matanza de la AMIA.

Los números van de la mano del Gobierno también en política: así lo mostró la Cámara de Diputados, que el jueves 20 convirtió en ley una paradójica "reglamentación" de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Por qué paradójica?

Porque, aun cuando alegue que se votó para ordenarlos legalmente, lo que en verdad votó el oficialismo fue un mecanismo mediante el cual cada vez que el Ejecutivo emita un decreto "de necesidad y urgencia", deben votar ambas Cámaras del Congreso para anularlo, pero sin topes de tiempo. O sea, que un DNU puede estar en vigencia sin plazos, consagrándose una muy peculiar aprobación, mediante la cual esos decretos se convierten en "leyes" de facto, lo que los académicos denominan sanción "ficta" de una norma por omisión del Poder Legislativo.

Para conseguir esta "reglamentación", el oficialismo se valió de sus 113 votos, a los que se sumaron los 16 del ex duhaldismo ahora incorporado al kirchnerismo. Entre ambos bloques peronistas se sumaron los 129 diputados (la mitad más uno de la Cámara) necesarios, pero la Casa Rosada se dio el lujo de sumar diez más, incluyendo tres "juecistas" cordobeses y dos emigrados del radicalismo, un catamarqueño y un correntino.

Entre quienes votaron como exigió la Casa Rosada se encuentra una pintoresca colección: Luis Barrionuevo y Miguel Bonasso, Alfredo Atanasoff y Edgardo Depetri, Eduardo Lorenzo Borocotó y Remo Carlotto, Paola Spatola y Carlos Kunkel, nueva y rotunda demostración de lo que el investigador del Conicet, Marcos Novaro, denomina "la labilidad de los peronistas para sepultar su entusiasmo neoliberal de los 90 y reinventarse en clave populista y nacionalista".

En la Cámara, y ante los 139 votos del compacto bloque oficial, la oposición agrupó 82 voluntades, aunque exhiba ausencias que de haberse evitado hubiesen mostrado mayor equilibrio parlamentario, incluyendo 10 radicales, tres socialistas y la arista Marta Maffei. Interesante: la cordobesa Norma Morandini votó con la oposición.

Con esta reglamentación que protege de sobresaltos al Ejecutivo, puesto que es literalmente imposible que ambas cámaras del Congreso se pongan de acuerdo para voltear un DNU presidencial, la Casa Rosada ya se hace agua en la boca con las inminentes plenipotencias presupuestarias que está a punto de conseguir por ley, configurándose una ecuación de descomunal funcionalidad operativa.

Estas manos libres para el Ejecutivo derivan de la certeza de que podrá legislar por decreto y de manera "legal", mientras que también podrá manejar los destinos de los fondos públicos sin importar que se modifiquen las asignaciones originariamente resueltas por el Congreso.

Por todo esto, ante la resplandeciente economía, la durísima verticalidad implementada para gobernar asombra, así como impresionaron las palabras del Presidente para cruzar a la comunidad judía argentina, a la que le habló desde "la caridad cristiana".

Tras confesar que los reclamos de los familiares de las víctimas de 1994, que enfatizaron la falta de respuestas del Estado tras 12 años de impunidad, incluyendo los últimos tres, bajo el actual gobierno, dijo haber derramado lágrimas de dolor y pidió a los judíos que sean más solidarios y menos soberbios.

El Presidente se valió de la inauguración de una pequeña obra municipal en el norte del Gran Buenos Aires para matar dos pájaros de un tiro: consolidó la incorporación de los intendentes de Vicente López y San Isidro al oficialismo, y respondió a las críticas en el acto de la AMIA, al que él faltó. Acusó a la colectividad judía de "contubernio" con el menemismo, tras defender a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, alegando que ella siempre se había opuesto a la investigación de la tragedia impulsada desde 1994 el ahora ex juez Juan José Galeano.

Las cosas no fueron así, no al menos como las evoca el Presidente, quien aseguró que "durante mucho tiempo Cristina les dijo a los familiares e integrantes de las organizaciones AMIA y DAIA que ese juicio que llevaba Galeano se hacía para entretener, pero que nunca iba a llegar a la verdad y que el juez Galeano no quería la verdad", afirmó Kirchner en San Isidro.

En verdad, el dictamen firmado en 1997 por la entonces diputada por Santa Cruz, asegura que "si bien los resultados no son hasta el momento los esperados, atento a que no se ha logrado aún el esclarecimiento del atentado, debe reconocerse la labor desarrollada por el señor juez federal Juan José Galeano". Lo dijo en sus conclusiones del informe elaborado por la comisión bicameral de seguimiento del tema, que en diciembre de 1997 emitió un informe con tres conclusiones: una por el PJ, otra por la Alianza y la tercera, en solitario, por Cristina Kirchner, en la que ella subrayó que consideraba "prioritario garantizar la seguridad" de Galeano y de los fiscales Eamon Mullen y José

Barbaccia, hoy también acusados en la causa por encubrimiento que lleva adelante el juez Ariel Lijo.

Fernández de Kirchner sugirió en ese nada remoto 1997 que la Corte Suprema delegara en Galeano la instrucción de la causa por el atentado contra la embajada de Israel en 1992.

Al defenderse ante el Consejo de la Magistratura, Galeano citó ese dictamen para explicar que la comisión bicameral "no consideró ilícito" su proceder en la causa, en particular en lo referido al video grabado a Carlos Telleldín. "En iguales términos se expidió la diputada Cristina Fernández de Kirchner y luego de que se hiciera pública la versión de que da cuenta el video", dijo Galeano.

¿Cómo se entiende que coexistan noticias tan alentadoras en la economía con evidencias tan condenatorias en materia de ejercicio intolerante del poder?

www.pepeeliaschev.com

pepebis@arnet.com.ar


 
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