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» Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/jun/2012 de La Auténtica Defensa.

Discapacidad. Problemática de Encuadre de las Personas Transplantadas
Por Dra. Silvina Cotignola

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Amigos… era una de mis asignaturas pendientes ocuparme de la situación legal de aquellas personas, que posteriormente a ser transplantadas, veían conculcados derechos legítimamente ganados y obviamente consagrados en nuestra Carta Magna, así lo pondera nuestra Constitución, me estoy refiriendo al derecho a trabajar.

La ley 24.193 de Transplante de Órganos y Tejidos es la única norma en nuestro ordenamiento jurídico que hace mención al presente tema. Claro es que dicha ley no hace alusión a las problemáticas actuales que les toca atravesar a este grupo etáreo, ni tampoco a la figura legal "del transplantado".

El ciudadano transplantado no se halla encuadrado en el concepto jurídico de persona con discapacidad. Ello basado en una resolución del Servicio Nacional De Rehabilitación, ente que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, cuyo nº es 577/2003. Por dicha resolución se determina si una persona transplantada es o no persona con discapacidad, esto es que el aumento o disminución de un valor químico bastaría para que aquella sea encuadrada en los términos de la ley 22.431. Ahora bien, si la persona produce rechazo al órgano o tejido transplantado, no habría inconvenientes para que aquella sea encuadrada en el Art. 2 de la ley 22.431, ergo estaría habilitada para poder tramitar el correspondiente Certificado Único de Discapacidad. Pero… si durante el lapso de tiempo en el cual se efectúan los respectivos trámites administrativos para obtener la mencionada certificación, se iniciare simultáneamente un tratamiento médico que revirtiere el cuadro de rechazo, automáticamente se produciría la exclusión del artículo mencionado.

Es importante señalar, que luego de realizada la cirugía de transplante, los transplantados deben llevar adelante un tratamiento con determinados medicamentos denominados "inmunosupresores". Estos propician que las nuevas células implantadas no ataquen a las del huésped y, por ende, no surja el rechazo aludido. Vale consignar en tal sentido que al ingerir los mismos, se produce una alteración en la inmunidad del paciente transplantado, es por ello que deviene necesario en la mayoría de los casos, la toma de medicación paralela para neutralizar las patologías que surgen colateralmente por la toma de los mencionados inmunosupresores. Según el Dr. Héctor Longoni, Jefe del Programa de Transplante de Médula del Hospital de Clínicas José de San Martín, "los linfocitos T del donante al encontrarse en un medio que no les es propio, reconocen como extraños muchas células de distintos órganos. Los inmunosupresores sirven para atontar a las células hasta que las mismas sean lo suficientemente tolerantes y reconozcan al órgano como propio".

En síntesis, la persona transplantada hoy día nunca obtiene el alta médica, ¿ello por qué? Porque vive inmuno suprimido, es decir, se busca la baja de las defensas del organismo mediante medicación, a los efectos de evitar el rechazo del órgano injertado.

¿Qué pasa en materia laboral una vez que la persona ha sido transplantada? En la actualidad el mercado laboral, limitado de por sí para todos, se encuentra vedado para este grupo poblacional. Es así que, quien tiene la fortuna de poseer un trabajo formal y registrado, una vez producido el transplante, queda amparado por la Ley de Contrato de Trabajo cuyo Art. 208 les garantiza el cobro de los salarios, entre 3 y 12 meses, según su antigüedad y cargas de familia. También existe la posibilidad de una licencia mayor, extensible a 12 meses más, a fin de conservar el puesto de trabajo, pero aquí sin el pertinente goce de sueldo. En tal circunstancia, el contrato se resuelve, no generando derecho a indemnización alguna, tal como lo prevé el Art. 211 de la LCT. Aquí entonces el problema, una vez normalizada su situación de salud, la persona en caso de estar laborando queda expuesta a perder su trabajo, o en su defecto, si se encontrare desempleada, no podría acceder nuevamente a un empleo formal, por cuanto no superaría los exámenes pre-ocupacionales. Esto es así porque no pueden contar con el pertinente alta médica.

Ante semejante cuadro desalentador, se vislumbra en el Parlamento Argentino un gran proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de Senadores y, hoy día, se encuentra en tratamiento por la Cámara Baja. Este proyecto de ley lleva el nº 3441/2010, por el cual se propone que la circunstancia de ser transplantado no sea causal de impedimento para el ingreso o continuidad de una relación laborativa, tanto en el ámbito público como el privado. El desconocimiento de este derecho será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.

Amigos… hasta el momento, la persona transplantada es una persona, pero sin figura legal, pues si no es una persona con discapacidad, ¿qué categoría reviste? Será entonces un grupo de riesgo en cuanto al cuidado de su salud. Las personas transplantadas no se encuentran dentro del marco de la ley 22.431, porque tanto los médicos transplantólogos como el mismísimo Ministerio de Salud, aducen que no se transplanta a los individuos para que ellos continúen siendo personas con discapacidad, por ende se las considera "normales" pero no se les da el respectivo alta médica. Por ello, visibilizar estas problemáticas, poner en tapete el tema, favorecerá sin lugar a duda a aproximarnos a la quimera de la mentada "sociedad inclusiva". A seguir entonces "EJERCIENDO LOS DERECHOS PORQUE ELLO NO CONSTITUYE UN MERO PRIVILEGIO".

DRA. SILVINA COTIGNOLA, ABOGADA ESPECIALIZADA EN DISCAPACIDAD Y FAMILIA. smlcoti@ciudadcom.ar


 
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